La batalla por la libertad de expresión en la Transición: “Siempre está en peligro por culpa de los sectores intolerantes”

El 14 de julio de 1982, José Hijas Palacios, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictó una sentencia que confirmó los cuatro meses de arresto y la multa de 50.000 pesetas impuestos, por un delito de escándalo público, al director de la Editorial Permanencias, que había publicado Los hombres de Tom de Finlandia, obra del artista Touko Valio Laaksonen. Al juez le horrorizaron los “penes en erección”, los “ritmos de sensualidad” del “obsceno y subcultural grupo de dibujos, con formas aberrantes, perversas y degeneradoras de la perversión sexual”, además de las “posturas indecorosas” y de las “expresiones de placer que llega y estalla” en el marco del “íntimo encuentro”. Un producto que merecía, en definitiva, una sanción penal por las “exhibiciones eróticas [de] homosexualismo [y] lesbianismo que tienden a la desviada excitación del instinto sexual”. El togado aportaba una definición del “homosexualismo”: Una “práctica obscena especialmente rechazada por nuestra cultura y entorno social”.

Es una de las abundantes sentencias que reproduce Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante, en Ofendidos y censores. La lucha por la libertad de expresión (1975-1984), editado por Renacimiento. “Cualquier historiador de la Transición conoce el carácter conservador de aquel Poder Judicial, al que le costó bastante adaptarse a la nueva realidad democrática”, explica a elDiario.es el autor, especializado en la historia cultural del franquismo. “Lo sorprendente es el avance que hemos protagonizado en estos temas, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida, que era aterrador para los homosexuales y otros colectivos”, apostilla Ríos Carratalá.

El libro repasa la legislación y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión desde los inicios de la Transición (sólo entre octubre del 1974 y mayo de 1975 hubo en Barcelona 25 secuestros de diversas revistas). El dibujante Jordi Amorós, también conocido como JA y creador de la serie de historietas de sor Angustias de la Cruz en la revista satírica El Papus, llegó a sufrir 80 procesos judiciales por sus caricaturas de monjas. Otro colaborador del semanario, el creador de Makinavaja Ramón Tossas Fuentes, Ivá, ya arrastraba 27 multas en enero de 1977.

El Papus sufrió un atentado de la extrema derecha el 19 de septiembre de 1977, en el que murió el conserje Juan Peñalver Sandoval, que la justicia ni siquiera reconoció como acto terrorista. La revista sufrió a lo largo de sus 13 años de trayectoria medio centenar de secuestros judiciales o ministeriales, dos suspensiones temporales de cuatro meses y dos consejos de guerra por sendas portadas con militares como protagonistas e incalculables amenazas.

El 30 de octubre de 1978 la bomba ultra le tocó al diario El País, un ataque en el que murió el conserje Andrés Fraguas Fernández, de 19 años. Su entonces director, Juan Luis Cebrián, fue el primero en sentarse en el banquillo durante la etapa democrática por un editorial publicado en el diario de Prisa (el 9 de mayo de 1980 la Sala Segunda del Tribunal Supremo le impuso tres meses de arresto, una pena finalmente anulada, y una multa de 50.000 pesetas).

Juan Antonio Ríos Carratalá, fino estudioso de las miserias del franquismo, sostiene que la lucha por la libertad de expresión durante la Transición se batalló por parte de periodistas, editores, cineastas o dibujantes forzando los límites de la legislación. “Se forzaban asumiendo un notable riesgo, los periodistas y los creadores tenían siempre la amenaza de procesos judiciales, o acciones terroristas mucho más graves, pero hubo una lucha colectiva para normalizar un clima de libertad de expresión que cuenta con unos mártires dignos del recuerdo”. “Mi libro”, apostilla, “es un acto de reconocimiento a estas personas a menudo anónimas”.

El autor repasa también las numerosas batallas por el destape y la pornografía (definida por una sentencia del Tribunal Supremo de 1981 como “toda descripción gráfica o escrita que directamente o por representación escénica tienda a excitar la lubricidad de las gentes”).

Hasta 26 de los 32 números de la revista Emmanuelle fueron secuestrados entre 1976 y 1977. El consultorio de Susana Estrada en la revista Play Lady propició 14 procesos judiciales y 13 condenas por los consejos de la musa del destape. El cineasta Luis García Berlanga también fue procesado por una publicación en la misma revista. La revista erótica Papillon, cuya primera portada estaba dedicada precisamente a Susana Estrada, fue suspendida en 1977 por el Ministerio de Información y Turismo (aunque, finalmente, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la decisión).

“La batalla del destape no sólo se dio en España, fue un fenómeno también presente en otros países de nuestro entorno; la diferencia fue la cronología, aquí se produjo con unos pocos años de retraso, y la intensidad, que era lógica tras varias décadas de una represión sexual que ahora incluso sería rechazada por los sectores más conservadores”, señala Ríos Carratalá. “Las revistas, y todo lo relacionado con el destape, fue un gran negocio, donde había riesgo, pero también una oportunidad de enriquecerse bastante notable”, matiza el historiador.

La obra repasa casos míticos de ataques a la libertad de expresión, como el procesamiento de Els Joglars a raíz del estreno de La torna en 1977 o de la directora Pilar Miró por la película El crimen de Cuenca. También analiza la persecución del cineasta Fernando Ruiz Vergara por su documental Rocío, de 1980.

“La censura apenas funciona si no se realiza en una dictadura, incluso puede ser contraproducente para el censor”, afirma Ríos Carratalá, quien recuerda que, paradójicamente, la película “habría tenido mucho menos eco si no hubiera sido objeto de un proceso judicial con planteamientos propios del franquismo”. La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo el 3 de febrero de 1984, “amargó la vida del director, pero gracias a la misma con el tiempo Rocío se ha convertido en la película documental más vista de toda la Transición”.

¿Qué peligros acechan hoy en día a la libertad de expresión? Juan Antonio Ríos Carratalá está inmerso en un una demanda interpuesta por el hijo del secretario del tribunal franquista que, en la posguerra, condenó al poeta Miguel Hernández, en relación a un artículo académico. “La libertad de expresión siempre está en peligro por culpa de los sectores intolerantes, que cambian de nombres, pero no de actitud”, reflexiona el historiador.

Sin embargo, el catedrático de la Universidad de Alicante considera que la evolución es “extraordinaria” respecto al turbio periodo de la Transición: “Vemos todos los días episodios de intolerancia, pero mayoritariamente hemos aprendido a ser tolerantes”. “Y lo digo yo”, agrega, “que soy el primer catedrático, junto con Ángel Viñas, demandado por un ensayo universitario publicado durante la actual etapa democrática”. “Siempre habrá gente que añore el 1 de abril de 1939 pero, afortunadamente, estamos en un país donde la mayoría apuesta por la convivencia”, concluye.