La Generalitat Valenciana puso en marcha en 2019 un programa de ayudas para la preparación de oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración autonómica. Concretamente, se trata de un “programa ambicioso” de 500 becas anuales dotadas con 500 euros al mes y que están destinadas a jóvenes de hasta 30 años con licenciaturas universitarias o grados. Entre los requisitos, los beneficiarios debían justificar el contar con la dirección de un centro especializado (una academia) o una persona preparadora para orientar el proceso.
En el primer año de convocatoria apenas hubo 75 beneficiarios que optaban a presentarse a alguna de las 1.700 plazas de ofertas de empleo público correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. Esto provocó que la Generalitat relajara los requisitos para intentar llegar a más jóvenes que, en muchos casos, no podían justificar que estaban preparándose para las oposiciones, lo que era un requisito indispensable para percibir la ayuda.
Fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública consultadas por elDiario.es apuntan que estas ayudas, destinadas a licenciados, ingenieros, arquitectos..., “no pueden ser un cheque en blanco”. “El principio es el de cualquier beca, y como tal, debes justificar que estás preparándote, una garantía de que estás estudiando, independientemente de que después apruebes o no”, resaltan.
El problema, apuntan, es que normalmente las academias centran su preparación en aquellas oposiciones multitudinarias, en las que hay muchas plazas y se presentan muchos candidatos: “Una oposición en la que solo salen siete plazas y hay muchos menos opositores, no le interesa a una academia, que prefiere centrar sus clases en pruebas que se celebran todos los años y se presentan muchos candidatos, como pueden ser administrativos, celadores de hospital, policías...”. “La única que entraría en esta categoría sería la de Técnico de la Administración General (TAG), que sale todos los años”, apuntan desde la conselleria, y reconocen que desde que se puso en marcha el programa, de 500 becas, nunca se ha superado el centenar de beneficiarios.
Así, quienes preparan pruebas de esas características, muy especializadas y con menos demanda, en muchos casos recurren a preparadores particulares que, también en muchos casos, cobran en negro y no se pueden justificar los pagos: “Eso es algo que no podemos demostrar ni perseguir”. “Se barajó en su día solicitar una declaración responsable, pero no dudamos de la buena fe de la gente”, explican, para añadir que se trata de dinero público: “La ofertamos cada año con la esperanza de que las academias den el paso de preparar a más gente”.
Opositores que pagan en B a jueces y fiscales
Tal y como ha desvelado elDiario.es, existe un mercado negro de preparadores para las oposiciones a juez o fiscal (cada año se presentan más de 4.000 aspirantes a estas plazas). Las tarifas, que cobran en negro y “en sobrecitos” jueces y fiscales por preparar las oposiciones, oscilan entre 100 y 200 euros mensuales por alumno, cantidad que puede llegar a los 300 euros si el preparador está en los peldaños más altos del escalafón judicial. Algunos de estos profesionales de la judicatura pueden llegar a cobrar unos sobresueldos superiores a los 4.000 euros al mes que están fuera de los controles de Hacienda.