Comisiones Obreras y los becarios de comunicación continúan su pulso a la Generalitat Valenciana. Hasta una treintena de becarios reconocidos como personal laboral por la Inspección de Trabajo han denunciado al Ejecutivo autonómico para reclamar la compensación salarial que les corresponde en el último año.
Según el sindicato, 35 personas han recurrido a sus servicios jurídicos para reclamar unos 23.000 euros por persona, la diferencia entre el salario que percibían como becarios y el salario equivalente del personal funcionario de la Generalitat. En total, el sindicato estima que el Ejecutivo debería pagar cerca de 827.000 euros sólo por estas denuncias.
La cifra aumenta si se tiene en cuenta las cuotas no pagadas a la Seguridad Social y el recargo por retraso del 20%, poco más de un millón de euros. Así, las becas que la Inspección considera fraudulentas costarán a las arcas públicas más de 1,8 millones de euros. La Generalitat Valenciana recurrió la decisión de la Inspección y defiende que siempre se ha dado un trato riguroso a las personas becadas.
La responsable del sindicato Ana García ha denunciado este jueves que la Generalitat continua con la convocatoria de las becas cuestionadas. Este último año, asegura, se han sacado otras 88 convocatorias en distintas consellerias y para empresas públicas o sector público instrumental. Cita, como ejemplo, becas con las mismas bases para el Institut Valencià de Cultura o para el Instituto Valenciano de Finanzas.
García ha tachado la actitud de la los gobernantes de “irresponsabilidad política y de gestión” tanto en cuanto ese dinero sale de las arcas públicas como por enviar “un mensaje de precariedad” a los jóvenes al utilizar estos procesos, que deberían ser formativos, en fraude de ley.
La Generalitat defiende el sistema de becas
La Generalitat Valenciana defiende su sistema de becas y reitera que llevan gestionándose 20 años. La actual secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, señala a eldiario.es que “el Botànic estableció unas bases transparentes y objetivas que permiten acceder a quienes tienen más méritos”. Marín defiende las becas como un instrumento necesario, que suponen “experiencia y formación” para los recién graduados y “una oportunidad” para que los jóvenes entren en el mercado laboral.
Sobre la cifra del sindicato, la Generalitat asegura que en la comunicación de la Inspección de Trabajo se marcaba un importe de 400.000 euros como deuda con la Seguridad Social.
Sobre las condiciones laborales, insiste en que “no son en absoluto ningún tipo de trabajo precario, sino una pura beca enmarcada en el ejercicio de formación, en todo momento supervisada por el personal de administración”. Recuerda además que “cuando se habla de perpetuar una precariedad, son becas dotadas con 1.000 euros al mes por 30 horas a la semana de ejercicio práctico”.