España llegó a acaparar la cuarta parte de los billetes de 500 euros que circulaban por la Unión Europea. El Banco de España dejó hace un año de emitir estos “billetitos”, como los denomina el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana. El caso Erial, que investiga una presunta red de corrupción liderada por el exministro del Partido Popular, ha centrado sus pesquisas en las comisiones millonarias escondidas a buen resguardo en paraísos fiscales en el extranjero a través de complejas estructuras societarias.
Los dos abogados que movieron el presunto botín de Zaplana en el extranjero, implicados en otros casos de corrupción internacionales, han optado por una prudente colaboración con la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, Isabel Rodríguez, y con el fiscal anticorrupción Pablo Ponce.
Las declaraciones del blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, y la sobrina del espía Paesa, además de haber dejado al exministro del PP a los pies de los caballos, son una clase magistral sobre el arte del blanqueo de capitales.
Beatriz García Paesa –abogada de 53 años afincada en Luxemburgo, sobrina del espía Francisco Paesa e imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex– ejerce una profesión en la que las relaciones “se basan en la confianza” y en una “simple llamada de teléfono del cliente”. “Y eso es lo que se paga”, declara ante la magistrada y el fiscal.
La sobrina del espía Paesa tenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo” y “había trabajado” con Dexia Bil, el banco privado más antiguo de Luxemburgo. Al tío de Vicente, el entonces director general de la Policía Juan Cotino, solo lo conoció una vez, cuando le llevó 600.000 euros en mano a su despacho del Gran Ducado para abonar el capital social de las empresas que pasaron más tarde a manos de Zaplana y sus compinches.
La intención del empresario Vicente Cotino, financiador confeso del Partido Popular, era constituir una sociedad en Luxemburgo “para operaciones societarias que hacía en España”. “Se firma un documento donde se hace constar de quién se podían recibir las instrucciones”, explica la abogada.
La empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza en presuntas comisiones por la adjudicación de las ITV y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, aparece vinculada al despacho Interconsult, una mercantil “constituida por un grupo de bancos”, especializada en “funciones de fiduciario” y vinculada a Beatriz García Paesa (quien poseía una acción de la empresa pantalla de Vicente Cotino).
En Luxemburgo, asegura la sobrina de Paesa ante la jueza, “no se preocupan del origen del dinero, pues parten de que si ha salido de un país, habrá sido de forma legal”. En la documentación sobre las empresas que creó García Paesa para el clan de los Cotino figuran el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado por la justicia italiana a cuatro años y medio de prisión por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y el cónsul honorario de Uruguay Alexis Kamarowsky.
A Vicente Cotino en las reuniones con García Paesa lo acompañaba su asesor financiero José María Álvarez. De hecho, según declaró la mujer, Álvarez era con quien contactaba para cualquier gestión. En 2006, Cotino la telefoneó para comunicarle que las acciones de las empresas luxemburguesas pasaban a manos de Joaquín Barceló Pachano, amigo íntimo y presunto testaferro de Zaplana, y de Juan Francisco García Gómez, el exjefe de gabinete del político del PP, a quienes conoció en una comida en el restaurante La Dorada de Madrid.
A partir de ese momento, asegura la sobrina de Paesa en su declaración, “con quien mantuvo contacto de cualquier tema de ambas sociedades” fue con Francisco Grau, el asesor fiscal de Zaplana. Pachano, que se llevaba fatal con Grau, dijo en una conversación telefónica pinchada por la UCO que el asesor fiscal era el “artífice de toda esta ingeniería” societaria en el extranjero. Grau, en contrapartida, fue el único detenido de la operación Erial que prestó declaración, en la que exculpó a Zaplana y puso el foco en Pachano.
Beatriz García Paesa confirmó en su declaración que “estuvo hablando a lo largo de los años [con Grau] y recibiendo órdenes suyas, pero nunca de Barceló”. Tres años después de aquella comida en Madrid con sus nuevos interlocutores, Grau le comunicó que las acciones pasaban a unas empresas uruguayas del abogado Fernando Belhot, quien “hacía un trabajo idéntico” al de García Paesa.
La sobrina del famoso espía declinó participar en la operación porque no conocía a Belhot ni el campo de las sociedades uruguayas. A la abogada afincada en Luxemburgo le gusta “trabajar sobre seguro” y afirma que únicamente mantuvo conversaciones con Belhot “de profesional a profesional”.
Fernando Washington Belhot Fierro, abogado uruguayo de 62 años, entró en contacto con Zaplana para encargarse de la “optimización fiscal” de los activos de los miembros de la presunta banda corrupta. “La estructura societaria que tenían en Luxemburgo no me parecía la más adecuada para la optimización fiscal”, declaró el blanqueador confeso ante la magistrada que instruye el caso.
Belhot enseguida advirtió que la “figura protagónica” del enredo de empresas pantalla era precisamente Zaplana, quien le reconoció que los fondos le pertenecían, según declaró el uruguayo por videoconferencia. “Hasta el año 2018, que le pasó lo que todos ya sabemos, nunca en mi vida, y fui muchas veces a España, nunca leí un solo artículo en prensa que se refiriera a él como un hombre que tuviera problemas con la justicia española”, dice en su declaración.
El blanqueador confeso cobraba una comisión de entre el 0,75% y el 1% anual e informaba a Zaplana “tres o cuatro veces” al año. El exministro, según declaró Belhot, confiaba en su gestión aunque era “extremadamente cauteloso” y nunca usaba aplicaciones de mensajería o e-mails para comunicarse con el uruguayo. “Con el señor Zaplana, aunque le parezca mentira, durante los nueve años nunca me escribí un mail, nunca me escribí un WhatsApp porque él era extremadamente cauteloso y solamente hablaba con él a un número de celular propio”, explica el blanqueador sobre su antiguo cliente.
La UCO puso en su punto de mira al uruguayo (al que denominaban con el nombre en clave de 'Sol') y sus encuentros con Zaplana (al que se referían como 'Zapador') en un exclusivo hotel del barrio de Salamanca donde se alojaba el abogado durante sus visitas a Madrid. La investigación secreta de la Guardia Civil grabó aquellas reuniones del exministro con su blanqueador confeso en el hotel Wellington y también las crípticas conversaciones telefónicas que mantenían.
Belhot pensaba que Luxemburgo era una “jurisdicción cara” mientras que Uruguay, en aquel momento, “tenía un secreto bancario muy fuerte, de los más importantes del mundo”. “La evasión fiscal no era un delito en aquel momento”, señala el testigo. Como todos los abogados dedicados a este negociado, Belhot ofrecía “mucha confidencialidad en el trato con los clientes”.
“Los clientes, señor fiscal, fíjese que en general buscan tener confidencialidad porque son temas muy íntimos o muy delicados”, dijo el uruguayo al representante del Ministerio Público Pablo Ponce. Belhot, que también aparece en el caso Lezo o en los papeles de Panamá, conocía el papel que desempeñó Zaplana en la política española aunque descartó que fuera una persona expuesta políticamente (PEP, la figura que usa la banca, en general sin demasiado éxito, para detectar posibles casos de blanqueo), ya que llevaba más de cinco años desvinculado de las actividades públicas. “El señor Zaplana me manifiesta que él no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros”, remarca Belhot.
“Era una persona que a mí, tengo que reconocer, en mi calidad de uruguayo, me deslumbraba porque tenía contactos a nivel total”, afirma. El exministro del PP presentó a su blanqueador a empresarios del Ibex35 y a “políticos de altísimo nivel”, activos o retirados, e incluso a representantes públicos latinoamericanos a través de la Fundación FAES, según declaró el abogado. “Obviamente como profesional eso me abría unas puertas muy importantes a los efectos de poder ofrecer mis servicios”, añade.
“Quien va a contratar con un profesional en el área fiduciaria y de la administración de patrimonio necesariamente tiene que confiar en él como profesional pero también como persona”, afirma Belhot en una declaración en la que estaba dando la estocada definitiva a su antiguo cliente a cambio de no verse salpicado en la causa. Fernando Washington Belhot, acechado por otras tramas, se olvidó a la primera de cambio de la cháchara sobre la confianza con el cliente, confesó el blanqueo y devolvió parte del botín.