Madrid nombrará una gestora para dirigir el PP de Valencia ciudad tras ver como la cúpula del partido dominado por la ahora senadora Rita Barberá desfila ante la Guardia Civil para responder de un supuesto delito de financiación ilegal.
En ese contexto, el juez del caso Imelsa ha citado a declarar a Alfonso Novo, presidente del PP de Valencia y concejal en el ayuntamiento de la ciudad. Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, el magistrado imputa a Novo un delito de blanqueo de capitales.
La investigación del caso Imelsa u Operación Taula se desarrolla por muchas vías, una de ellas, los ingresos aparentemente irregulares del PP. Los investigadores creen que el PP local usaban un burdo sistema para blanquear dinero procedente, presuntamente, de donaciones ilegales o mordidas en la adjudicación de contratos: concejales o trabajadores del partido transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recibían, para no dejar rastro, en billetes de 500.
El PP niega esa práctica, sobre la que el juez preguntará, previsiblemente, a Novo. La Fiscalía centra en la concejalía de Cultura del ayuntamiento parte de sus investigaciones sobre la operación Taula. Las irregularidades en Imelsa -una empresa de la Diputación de Valencia-, Ciegsa -la empresa de la Generalitat que construía colegios- y la Fundación Jaume II El Just ocupan las demás. De fondo, un supuesto delito de financiación ilegal del PP.
En un comunicado, el PP de Valencia niega cualquier irregularidad y asegura su voluntad de colaborar en la investigación. “En todo momento hemos tenido y tenemos total disposición y voluntad de colaborar con la Justicia y con las instituciones del Estado de Derecho”. El miércoles seis de febrero, Novo podrá demostrar ese afán por cooperar.