Rafael Blasco Castany (Alzira, Valencia, 1945) irá probablemente a prisión por el robo de ayudas al tercer mundo. Allí podrá reflexionar sobre su eterna carrera política, sin parangón en la vida pública valenciana.
Su militancia comenzó en plena agonía del franquismo. En los 70 participó en el Movimiento Comunista de España (MCE), el PCE y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). Por aquel entonces ya pisó la cárcel, la Modelo de Barcelona, a causa de su actividad contra la dictadura.
En los 80, con su olfato para detectar tendencias y surfear la ola ganadora, se integró el PSOE, donde llegó a ser conseller en la Generalitat presidida por Joan Lerma. El partido le expulsó tras ser implicado en 1989 en una recalificación de terrenos en Calpe (Alicante) por la que fue juzgado y absuelto. Las escuchas sobre las que se sostenía la acusación fueron anuladas.
Fue su único momento alejado del poder en más de 30 años de carrera. Enfrentado radicalmente al PSOE, impulsó un partido valencianista que tuvo poco recorrido, pero tras cerca de un lustro sin protagonismo fue rescatado por Eduardo Zaplana en 1995, cuando el PP se hizo con el gobierno valenciano.
De subsecretario, Blasco ascendió a conseller en poco tiempo. Ha tenido cartera con todos los presidentes populares de la Generalitat (Eduardo Zaplana, Francisco Camps, José Luis y Alberto Fabra), con los cuales se encargó de casi todo: Presidencia, Obras Públicas, Empleo, Bienestar Social, Territorio, Sanidad e Inmigración…
Además, era un verdadero referente del partido, al que se afilió en 2004. Su ideólogo –impuso el toque valencianista que permitió que el PP fagocitara a Unió Valenciana y el centrista que facilitó arrinconar al PSOE- y el encargado de resolver cualquier problema.
Durante años, no ha habido operación de envergadura en la que Blasco no haya tenido protagonismo. Su nombre aparece directa o indirectamente relacionado con lucrosas concesiones de ITV, adjudicaciones millonarias de servicios de atención telefónica o la concesión de la gestión de residencias de la tercera edad de carácter público a empresas supuestamente amigas.
Incluso participó desde la trastienda en operaciones de venta de acciones del Valencia Club de Fútbol. En cualquier caso, en ninguno de estos asuntos se sustanció responsabilidad penal alguna. Su caída le vino por el caso Cooperación. El PP le expulsó, el Tribunal Superior de Justicia valenciano le condenó y el Supremo, aunque le ha rebajado la condena, lo envía a prisión. Una dura caída tras 30 años de auge.