Si el giro social emprendido por el ejecutivo local de Joan Ribó en Valencia se había limitado a los gestos, este martes ha anunciado la primera medida de calado. Y con la pretensión de convertirse en vanguardia respecto a las otras alcaldías del cambio en España. O al menos, así lo ha asegurado el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi.
Frente a la crisis social, el tripartito municipal ha creado un nuevo bono para el transporte. Denominado 'bono social', está destinado a las familias con rentas bajas y a los parados. El coste de la tarjeta será solo de 13 euros al año, 10 por el bono y 3 por la propia tarjeta. Con este título, los beneficiarios podrán viajar de forma ilimitada durante todo el año. El coste de renovación, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para acceder, será de 10 euros al cabo de un año. Según ha estimado el ayuntamiento, se podrían beneficiar en torno a 75.000 personas.
Para gozar de este bono se tendrá que tener unos ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) o estar desempleado. Es decir, “que el sustentador principal tenga unos ingresos inferiores a 7.455 euros al año, que la renta máxima de una pareja sin hijo sea de 11.182 euros, que una familia monoparental con dos hijos gane menos de 11.928 euros y que una pareja con dos hijos ingrese por debajo de los 15.655 euros”, han indicado desde el consistorio. “A esto, será necesario que una persona de la familia esté en paro”, han precisado.
El sistema con el nuevo bono personalizado, según ha afirmado Grezzi, se prevé que esté en marcha “a partir de enero del 2016”. La recogida de las inscripciones para este bono empezarán el 9 de noviembre y para poder optar a esta tarjeta se deberá rellenar un formulario web en el que se adjunte un fotocopia del DNI, foto de carnet, certificado de empadronamiento emitido en los últimos tres meses y otro de la Agencia Tributaria del último ejercicio.
La medida tendrá un coste de 600.000 euros. Un gasto relevante teniendo en cuenta la situación financiera del Ayuntamiento y de la empresa que gestiona el transporte público local, la Entidad Metropolitana de Transporte (EMT). “Es un coste que entendemos que es necesario y nos hacemos cargo de él, porque creemos necesario apostar por una política social que dé accesibilidad al transporte público a las personas desfavorecidas”, ha justificado Grezzi. Y ha recordado que era una reivindicación “expresada por muchas plataformas de desempleados”.
“Ni un euro del Estado”
Grezzi, sin embargo, no ha desaprovechado la ocasión para criticar el déficit que padece la EMT respecto del Estado en materia de financiación. “La EMT no recibe ni un solo euro del Estado para su financiación”, ha censurado Grezzi. No en vano, Barcelona recibirá 98 millones de euros para 2016 y Madrid 126 millones debido al contrato programa. Un convenio al cual se renunció desde los anteriores gobiernos del PP.
A su vez, el edil de movilidad se ha lamentado de que “no exista ninguna entidad que pueda coordinar la financiación y la unificación de los títulos de viaje en toda la área metropolitana”. “Nosotros queríamos que todos los ayuntamientos, juntos, tuviéramos la posibilidad de hacer bono único de transporte y crear el bono social de toda la área metropolitana”, ha espetado. “Desgraciadamente no tenemos esa capacidad porque ha sido desmantelada la entidad de transporte metropolitana”, se ha quejado, para sentenciar: “Al no recibir la financiación que reciben otras ciudades no tenemos capacidad económica ni de gestión para que se amplíe el bono social a otros municipios”.