La fiscal del saqueo de la depuradora de València vincula a uno de los principales acusados con un testaferro de Brugal
La fiscal del caso Emarsa, Virginia Abad, considera al expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia del PP una pieza clave del entramado corrupto que saqueó la depuradora de Pinedo (València). En su escrito de conclusiones que ha presentado el lunes y el martes de esta semana ante el tribunal de la Audiencia Provincial de València que juzga el caso, la fiscal acusó directamente a Crespo de haberse enriquecido ilícitamente durante años como político y gestor.
La representante del ministerio público ha vinculado a Enrique Crespo con otra de las tramas valencianas, concretamente la de la gestión de residuos y urbanismo de Alicante bautizada por la policía como Brugal, al revelar que uno de los empresarios imputados en esta causa es el testaferro de una sociedad a la que la firma andorrana vinculada a Crespo transfirió 300.000 euros. Este dato, que no había trascendido a la opinión pública, se está investigando en la Audiencia Nacional en una de las piezas separadas.
Según la fiscal, Enrique Crespo estaba presente como persona autorizada en una cuenta de Andorra en la que el titular era su hermano Carlos. La cuenta registró cuatro ingresos en efectivo por valor de 350.000 euros durante los años del saqueo de la depuradora de Pinedo, entre 2004 y 2010. Según los datos facilitados por el país de los Pirineos 57.000 euros fueron retirados también en efectivo, pero otros 300.000 se transfirieron en 2009 a otra cuenta bancaria en Andorra a nombre de la sociedad Iguazu Falls Corporation, representada por Alejandro Silva Taboada y que tendría intereses, según la policía, en actividades de la construcción en Elche.
La fiscal ha revelado en el juicio que el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda participa de la sociedad Iguazu Falls Corporation y cuyo testaferro habría ayudado a evadir esos 3000.000 euros, supuestamente obtenidos de manera ilícita del saqueo de la depuradora de Pinedo. Esta transferencia y el destino del dinero está siendo investigado por la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Emarsa al haberse cometido el presunto delito en el extranjero.
Ramón Salvador está imputado en la pieza del caso Brugal que investiga el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por supuestamente haber pagado 150.000 euros al hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo por favorecerle con el plan urbanístico. Además, otro juez, en este caso de Murcia también investiga al empresario de Elche por hacer regalos al exalcalde de Murcia durante 20 años, Miguel Ángel Cámara, y a su esposa. Entre los obsequios que habría hecho al político murciano se encuentra una viaje en jet privado a Estambul.
La cuenta de Andorra ha generado muchos problemas a Enrique Crespo durante la instrucción puesto que en ella aparecía como autorizado. El país de los Pirineos tiene un convenio con España por el que debe comunicar cualquier movimiento bancario de personas vinculadas al mundo de la política. Pero en este caso, el expresidente de la diputación y su hermano no hicieron ninguna referencia a su relación política con el PP ni como cargo público.
Carlos Crespo fue juzgado y condenado en València por blanqueo de capitales por tener esta cuenta en Andorra al no haber acreditado suficientemente los ingresos. Pero el Tribunal Supremo anuló la condena y la derivó a la Audiencia Nacional para que siga investigando hasta que se resuelva el caso Emarsa, de donde supuestamente habrían salido los 350.000 euros.
Fuentes de la defensa de Enrique Crespo explicaron que la transferencia del banco andorrano no la hizo Carlos Crespo sino que fue ordenada por el banco al pedir el hermano de expolítico la retirada de fondos. Así, explican, un empleado del banco fue el que entregó 300.000 euros en metálico a Carlos Crespo tras recogerlos de la empresa de Elche Iguazu Falls Corporation. Posteriormente, explicaron las mismas fuentes, Carlos Crespo regularizó este dinero en efectivo con la amninstía fiscal de Cristobal Montoro de 2012. “Nunca tuvimos nada que ver con Iguazú Falls Corporation, fue una operación del banco”, han defendido.
