La 'cruz de los caídos' de Callosa de Segura, dos años después de quitarla: entre la promesa del PP de restituirla y la decisión judicial

Callosa de Segura recuerda este próximo miércoles el segundo aniversario de la polémica y tensa retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de España. Una efeméride que llega tras un cambio en el Gobierno local, con el Partido Popular en el poder –apoyado por Ciudadanos– en lugar del tripartito de izquierdas que protagonizó la medida en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y con la evidencia de que el nuevo equipo de Gobierno local no ha cumplido, de momento, su promesa de campaña de reponerla cuanto antes.

Sobre las intenciones del consistorio, el alcalde popular, Manuel Sirvent, opta por la callada por respuesta a preguntas de este medio y su responsable de comunicación se limita a decir que “no hay novedades” sobre la cruz. Su intención, como repitió antes de las elecciones municipales, era recuperarla del Museo del Cáñamo, donde se encuentra actualmente, “cuanto antes”, para colocarla en el mismo punto en el que se instaló hace 78 años para homenajear a los 80 callosinos del bando franquista muertos durante la Guerra Civil.

Por su parte, el anterior alcalde socialista, Fran Maciá, cree que el PP finalmente no se atreverá a cumplir su promesa “porque pesa mucho la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco”, en la que permitió al Gobierno la salida del dictador del Valle de los Caídos al argumentar que “no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal” su permanencia allí.

La prioridad del PP está chocando con la demora de la justicia. Por un lado, todavía está pendiente la celebración del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz contra el consistorio, tras avalar un juzgado de Elche en noviembre de 2018 la retirada del monumento. La jueza dijo entonces que fue erigido “en honor y memoria” de los vecinos de Callosa pertenecientes “a la facción que resultó vencedora” en la guerra y, por ello, se le debe atribuir “una significación marcadamente política, con una finalidad distinta de la estricta manifestación de la fe católica”.

La plataforma, representada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, mantiene que se vulneró el derecho a la libertad religiosa, y confía en que “en cuestión de poco tiempo” se celebre el juicio tras intentar recusar a la jueza de Elche sin éxito “por su actitud y comentarios”.

Por otro lado, también se ha demorado la audiencia previa prevista en un principio para enero de 2019, después para septiembre del año pasado y actualmente aplazada sin fecha, a instancias de la iglesia de San Martín, para determinar si, como defiende su párroco, “se invadió el suelo propiedad de la parroquia” cuando se retiró la cruz o si, como razonó la jueza de Elche, se hallaba “en una plaza de suelo y dominio público”.

Más allá de las cuestiones judiciales que impiden al PP cumplir su promesa, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz reconoce sobre el nuevo Gobierno local: “Al menos tenemos diálogo y nos están escuchando”. “No creo que vayan a poner la cruz de motu propio”, señala el vicepresidente Luís Valdés, “ya que el alcalde está haciendo lo correcto, estar a la espera de cualquier decisión judicial”, añade.

El colectivo vecinal celebrará este miércoles 29 de enero una concentración con motivo del segundo aniversario con el objetivo de que la Cruz de los Caídos, de la que ellos defienden que no es franquista sino católica al haberse retirado las inscripciones de las personas fallecidas, “vuelva al lugar que le pertenece y no quede en el olvido”.

Amenazas y extrema derecha

El proceso previo y posterior a la retirada de la cruz ha estado marcado por la fuerte presencia de la extrema derecha, que ha protagonizado toda una serie de altercados y polémicas, desde la detención de dos falangistas en la mañana de la actuación de los operarios a las constantes pintadas contra varios concejales de izquierdas en las fachadas de sus casas y en las sedes políticas.

El grupúsculo de la Falange Española de las JONS, que se presentó en las pasadas municipales en este pueblo y cosechó únicamente 48 votos, ha sido una constante en los últimos años, convocando concentraciones y marchas en defensa de la cruz.

Vox también ha hecho acto de presencia. Su secretario general, Ortega Smith, defendió el monumento franquista en su visita a Callosa de Segura, y argumentó que “recuerda a personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor”. Con casi el 30% de los votos, la formación de Abascal fue primera fuerza en los pasados comicios generales en esta localidad de la Vega Baja.

En este contexto, el anterior alcalde recibió amenazas de muerte por parte de dos defensores de la cruz franquista que dijeron en redes sociales que le iban a “torturar” y “pegar un tiro”, unos comentarios que para la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela son “de mal gusto” pero no una amenaza.

Un juzgado de Valladolid tampoco atendió la demanda iniciada por los Abogados Cristianos. Entendió que había prevalecido la libertad de expresión sobre un atentado contra el honor de esta asociación por las palabras del concejal de Esquerra Unida Ismael Ballester, quien les tildó de ser una organización “antidemocrática” y de “extrema derecha”.