La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
Además de la Fiscalía también figura como acusación el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que incluye al expresidente Crespo como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
Una cantidad idéntica por falsedad societaria para López Abad y Martínez, que hacen frente a tres años de cárcel, frente a los dos años de prisión y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro.
El 22 de julio de 2011, la entidad fue intervenida por el Banco de España dada su situación de insolvencia, lo que llevó al FGD a inyectar 5.249 millones procedentes de las arcas públicas.