“Ah, eres tú”, la mano de Jesús Ramos, secretario de la Cámara de Castelló, encaja fríamente con la del periodista. Eldiario.es es el único medio este jueves en el pleno de la corporación pública tras el mensaje por WhatsApp de su presidenta, Dolores Guillamón: “A la tarde estás invitado al pleno”. Todavía quedan algunos minutos para el inicio y Guillamón, sola, en el centro de la mesa, preside la espera mientras cuenta cabezas en busca de quórum. La conversación se torna soñolienta entre los pequeños grupos que aguardan: la crisis que acecha, el Plan General de Castelló a la espera del informe de impacto ambiental y alguna partida mítica, cuando eran jóvenes, en el Club de Tenis. Mientras, Ramos exterioriza su inquietud en un ir y venir continuo en busca de asistentes. Los recibe en la puerta, sale al hall e incluso baja las escaleras a por los rezagados.
“Está el periodista aquí, lo hemos invitado, no tenemos nada que ocultar”, anuncia Ramos al comienzo de un pleno que ha organizado como acto de desagravio. Todo ello tras la noticia publicada este martes sobre la denuncia de una trabajadora por la posible incompatibilidad a la hora de compaginar su cargo de secretario con la adjudicación en la Cámara de cuatro contratos por 348.500€ a dos de sus empresas: Adade Castellón SL y Jesús Ramos Abogados SL. Una relación fructífera: no solo sus sociedades obtuvieron las licitaciones más cuantiosas desde 2014, sino que, tras autorizarlo la conselleria de Economia Sostenible, Ramos se convirtió en 2017 en el único secretario general de cámaras de España a tiempo parcial (tres horas diarias), sin exclusividad y por 60.000 euros al año.
Estos son los hechos principales que relata en su denuncia la empleada, ahora de baja por ansiedad. Primero solicitó amparo en la Agencia Antifraude, donde todavía no se han pronunciado. Y el 27 de septiembre acudió a las dependencias de la brigada provincial de la policía judicial, donde el 3 de octubre amplió una denuncia que también ha llegado al juzgado de instrucción número 5 de Castelló.
Nombre y apellidos
Lo que en un principio se convirtió en un acto de transparencia, derivó en auto de fe con la trabajadora denunciante. No hubo grilletes ni capirotes, pero sí una trentena de empresarios del pleno con la única versión del secretario. Ni tampoco hogueras depuradoras, pero sí las acusaciones encendidas de Ramos, que repitió con nombre y apellidos la identidad de la trabajadora a pesar de que ésta cuenta, desde el pasado 18 de octubre, con el estatuto de protección del denunciante de la Agencia Antifraude, cuya normativa advierte de acciones correctoras en caso de tener conocimiento “de actos de intimidación o represalias”, algo que se considera una sanción “muy grave” que podría llevar acarreadas multas de entre 30.001 y 400.000 euros.
Según Ramos “esto viene desde hace meses por un acoso” de la trabajadora. “Era la responsable aquí, era casi Dios, era la persona que lo llevaba todo antes de que entrase y empezara a poner un poquito de orden”, justificó así el secretario la decisión de apartarla al departamento de Subvenciones y bajarle el suelo, “por lo que ha explotado y ha montado todo esto”. Para Ramos, esta empleada ha sido un foco de conflictos en los últimos años ya que es “quien más presionó para que despidiese al marido de la antigua secretaria, lo que me llevó a un enfrentamiento directo”. Y alzando el libro de actas del comité ejecutivo y del pleno de 2014, acusó a la denunciante de haber cogido dinero de la caja sin solicitarlo ni cumplir el protocolo.
“Tenía las claves de los bancos, desde su casa mandaba transferencias”, apuntó antes de explicar la existencia de facturas de una empresa de informática “a las que se está pagando desde hace 10 años por un programa que no se utiliza”, y de lo que responsabilizó a la denunciante. Una acusación que acabó en amenaza directa: “El ruido no lo podemos evitar, pero cuando se archive todo, la cámara, pero sobre todo mi despacho, iniciará las acciones penales y laborales contra todos los que tengan algo que ver en todo lo que se ha publicado”
Pero el secretario también tuvo palabras para la Agencia Antifraude: “No sé si va lenta o no, pero sus argumentos son muy endebles”. En su propuesta de resolución, del 12 de septiembre pasado, se sugería a la cámara “estudiar la ampliación de la jornada del secretario para evitar contrataciones externas y posibles conflictos de interés, con el ahorro económico añadido que supondría para la propia Cámara”. Algo que Ramos califica como “una aberración”. “Me consideran un alto cargo no electo de la Generalitat. ¡Están todos alucinados!”, exclamó antes de defender su jornada parcial de tres horas por 60.000 euros y sus contratos externos con la cámara. “Somos una cámara diferente a las otras y por eso gracias a Dios tenemos números positivos y las otras no”.
No hubo constancia de ningún beneplácito divino, pero sí un estruendoso silencio de aprobación unánime del pleno. Acto seguido, la presidenta, Dolores Guillamón se dirigió al periodista “que nos honra con su presencia” con un encogimiento de hombros: “Aquí siempre hemos sido claros clarinetes y lo seguimos siendo”. Y en un último gesto ceremonioso se dirigió a su secretario: “Yo, todo mi respaldo, como siempre”.