A las 9 horas y sin hacer declaraciones llegaba el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, al palacio de Santa Bárbara, sede Consell Jurídic Consultiu, para testificar por escrito, a partir de las 11 horas, ante el juez José Castro, que ayer viernes se desplazaba hasta Valencia para tomar declaración a nueve testigos en la Ciudad de la Justicia, entre ellos funcionarios, exaltos cargos y directivos de sociedades públicas valencianas y el exinterventor del Ayuntamiento de Valencia por el caso Nóos.
Alrededor de las 13 horas, la secretaria judicial confirmaba que Camps había respondido por escrito a todas las preguntas que se le han formulado, aunque no ha precisado el número de cuestiones planteadas ni ha dado detalles sobre el contenido de la declaración.
El ex jefe del Consell, por su parte, ha asegurado no sentirse “en absoluto” preocupado por la investigación, al tiempo que ha recalcado que la Generalitat Valenciana ha trabajado siempre “con honestidad y honorabilidad” y “en aras del interés general”.
Así, se ha mostrado “satisfecho” de su declaración y ha incidido en que “está convencido” de que “se irán despejando las dudas que pueda haber” respecto a los citados convenios.
Ilocalizable hace dos meses
Camps protagónizó un esperpéntico episodio el pasado 16 de noviembre, cuando el juez Castro tuvo que posponer el interrogatorio al no poder localizar al exMolt Honorable pese a que el expresident aseguró haber permanecido toda la jornada en su domicilio. Entonces, quien sí que prestó declaración fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Valencia Summit
Las preguntas se referían al conocimiento y participación en los contratos que diferentes instituciones públicas valencianas suscribieron con el Instituto Nóos, al que pagaron 3,1 millones de euros por organizar tres cumbres en Valencia sobre deporte entre 2004 y 2006, las Valencia Summit.
Además, la Generalitat firmó en 2005, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, un convenio con Nóos para preparar la candidatura de Valencia como sede de unos Juegos Europeos, que nunca se celebraron, cuyo coste era de 3 millones, aunque finalmente solo pagó 382.203 euros por un informe.
A cambio, el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres planteó organizar unos Juegos de la Juventud, que tampoco fructificaron.