El sumario de Taula confirma que las mordidas afectaban a toda la estructura del PP en la Comunitat Valenciana
Lo que parecía inicialmente un caso de corrupción en la estructura provincial del PP de Valencia se ha convertido en una investigación que afecta al partido en su conjunto en la Comunidad Valenciana. El sumario de Taula acumula datos y grabaciones que podrían llegar a incriminar a Francisco Camps en la financiación ilegal del PP valenciano. Vicente Betoret, actual presidente del PP en Valencia, también está salpicado.
Según la investigación, la organización tendría cinco cajas B (tres en Valencia, una en Alicante y otra en Castellón) y el expresidente valenciano sería el supuesto eje de la financiación ilegal procedente de dinero negro obtenido a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Estas cajas B estarían conectadas con una similar del PP nacional. De momento, Camps, no está imputado.
Dos exvicepresidentes del Consell que presidió, Gerardo Camps y Víctor Campos, también aparecen incriminados, y una empresa pública de la Generalitat, Ciegsa, figura como una pieza clave. A la supuesta financiación ilegal del PP valenciano que se investigaba en el caso Gürtel y la forma de operar de la trama mediante comisiones ilegales se suma ahora este otro retal de un puzle que todavía no está completo.
Algunas de las conversaciones recogidas en el sumario de Taula y que abundan en la conexión con el poder autonómico en la época de Camps se dan entre el principal testimonio del caso, el arrepentido Marcos Benavent y Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exconsejero delegado de Ciegsa.
Esta empresa pública, montada por el PP para construir colegios públicos, habría tenido un papel capital en la generación de mordidas. La compañía, ya sin actividad, acumuló mil millones en sobrecostes durante la era Camps. Según la Guardia Civil, desde allí “se habría estado financiando al PP tanto a nivel regional como en la provincia de Valencia, así como enriqueciéndose a título particular a la mayoría de las personas que participarían en la consecución de esa estrategia de financiación”.
Siempre según el informe de la UCO, los investigadores del instituto armado, “Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa, ya que Rus habría hablado con él; que Gerardo Camps sería uno de los encargados de controlar las adjudicaciones así como que el conseller Alejandro Font de Mora, le habría dicho a Máximo Caturla que fuese Gerardo Camps el que lo controlase”.
Así se recoge en una conversación del sumario. “El último mensaje”, le dice Caturla a Benavent, “es que todo esto se lo mandemos al conseller de Hacienda, Gerardo, ¿me entiendes? Porque lo quieren controlar todo y él mismo ha dicho que él ha oído al Presidente como le ha dicho a Gero que lo controle”.
Benavent aclara a la Guardia Civil, en una declaración posterior, que el “presidente” es Camps. Y que “Gerardo” o “Gero” es Gerardo Camps, actual diputado en el Congreso y, con Víctor Campos, uno de los exvicepresidentes implicados por Benavent en el asunto.
Campos, precisamente, sería uno de los cargos que manejaba el dinero negro en el partido. En una conversación transcrita en el sumario se lee cómo Benavent le dice a Caturla: “Él [Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia] ha hablado con Víctor de pasta, no le hace mucho caso, y el martes después del comité se encontró con el presidente [Camps], se fue caminando con él y le comentó el tema, que está hasta los huevos de Víctor, y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera”.
Según Benavent, Rus le pedía a Campos dinero negro que “se destinaba a todo”: “A gastos personales, a gastos del partido, en definitiva a todo, a lo que les diese la gana”. El yonqui del dinero también sitúa a los hombres de confianza de Camps en el corazón de la trama: “Eran Gerardo [Camps] y Víctor [Campos] quienes determinaban a quién adjudicar los colegios”.
Camps responde con querellas contra “quien manche incluso levemente su honor”
Camps ha amenazado con querellarse contra cualquiera “que manche incluso levemente mi honor” después de ser relacionado con el cobro de mordidas en el mayor asunto de corrupción que afecta al zaherido PP valenciano.
Sin embargo, casi todos los caminos de la supuesta financiación ilegal de su partido parecen conducir hasta él: cinco exaltos cargos de su confianza serán juzgados en la Audiencia Nacional por delito electoral, la policía cree que el PP valenciano pagaba en negro a la trama Gürtel el 80% del precio de sus actos electorales, la investigación de la Guardia Civil en el caso Taula estableció hace meses que él era el recaudador del PP y Benavent le ubica en el centro de las irregularidades.
En las grabaciones que transcendieron antes de la judicialización del asunto, los mencionados Benavent y Caturla ya hablaban de “negociar con Paco”. El objetivo era ampliar el cobro de comisiones, limitado entonces al ámbito de influencia de la Diputación y sus empresas, a “las consejerías, secretarios generales, directores generales, gerentes de empresas...” de la Generalitat. De conseguirlo, comentaban, seguirán “triunfando”.
Camps lo niega todo. “Ni contratos, ni favores, ni cajas B, ni financiacion irregular, ni cobros, ni conexiones con la sede nacional del PP”. Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil y Benavent, tal y como recoge el sumario, le consideran el “gran recaudador del PP valenciano”.
