La televisión pública valenciana era un caos, un auténtico desastre, un enorme agujero negro donde se dilapidaban recursos sin fin y se perdía dinero a espuertas.
Esa no es la afirmación de la oposición al PP en la Comunidad Valenciana o de los sindicatos que representan a los 1000 trabajadores despedidos, sino la del abogado que defendió a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en el juicio por el ERE que la empresa acaba de perder.
Durante la vista, el letrado de Canal 9 –ahora rebautizada como Nou para intentar huir de los estigmas del pasado- enumeró gran parte de los males que aquejaban a una televisión degradada en extremo desde la llegada del PP al poder en la Comunidad Valenciana, en 1995.
La empresa estaba sobredimensionada (1.800 trabajadores), era una sangría económica (170 millones en pérdidas en 2011, por ejemplo) y sus ingresos iban a la baja. Había pasado de facturar 74 millones en 2008 a apenas 9 en sólo un lustro. Los ingresos de la ràdio autonómica (Ràdio 9), apenas daban para pagar a 4 trabajadores.
La empresa, pese a las regulares aportaciones de la Generalitat y sus ingresos por publicidad y otros conceptos, se cerró –ha sido refundada- con más de 1.200 millones de deuda que ha tenido que asumir el contribuyente. De hecho, llegó a no pagar la seguridad social de sus trabajadores y ha contribuido a la quiebra de varios de sus proveedores, a los que pagaba incluso con más de dos años de retrasos.
Según ha trascendido ahora, ni siquiera tiene un registro de contratos al que acudir para revisar las relaciones de la televisión con sus clientes. “La empresa necesitaba gestión y eficiencia en la gestión”, asegura Rosa Vidal, su actual directora general. “Se podía trabajar de una manera diferente a la que se estaba haciendo allí”, añade Vidal, nombrada, como sus antecesores, por el PP.
Cómo se crea un agujero negro
Josep Moreno, representante del PSOE en la Comisión de Control de RTVV en las Cortes Valencianas, califica a Canal 9 de “uno de los mayores agujeros negros de corrupción de España”. “Se ha robado dinero a espuertas”, asegura Moreno, “de otra manera es imposible que una empresa que no paga ni alquiler, que está regada con fondos públicos y que generaba ingresos acabe con una deuda estratosférica, de 1.200 millones de euros”.
Las razones del desastre son varias. Canal 9 fue utilizado como un elemento más en la política clientelista del PP. “Hay poco nivel intelectual en la redacción, debilitada tras un ERE que ha sido una purga ideológica que, con excepciones, sólo ha respetado a los enchufados del PP” dice Manuel Jardí, extrabajador de la casa y representante de Esquerra Unida en el consejo de administración de RTVV.
En 1995, la televisión contaba con 653 trabajadores. En 2013, con más de 1.800. “La tele está repleta de amigos de Zaplana a los que luego se superpusieron los amigos de Camps. Había bastante gente que, sencillamente, no acudía nunca a trabajar”, dice un trabajador de la casa que quiere permanecer en el anonimato.
Despilfarro y Corrupción
RTVV fue utilizado por la Generalitat para pagar diversos caprichos. A los equipos de fútbol emblemáticos de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con los que una televisión que no pagaba a sus proveedores dilapidó 235 millones de euros. Para retransmitir, con pésimos resultados de audiencia, la Fórmula 1, derechos que también tenía La Sexta y que costaron 22 millones.
Además, Canal 9 pagó, por ejemplo, 6,4 millones a Teconsa, una empresa vinculada a la trama Gürtel, por el alquiler de pantallas de vídeo, sonorización y megafonía para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Se hizo mediante un procedimiento negociado sin publicidad y a precios muy superiores a los de mercado. La policía cree que varias empresas de la Gürtel se embolsaron un millón de euros en la operación. El director general de RTVV por aquella época, que fue jefe de prensa de Eduardo Zaplana, está imputado en la causa.
Manipulación informativa
Canal 9 fue también sinónimo de manipulación informativa en España. Zaplana ordenó a la tele que no le enfocara nunca por su perfil malo –el izquierdo-, Camps teledirigía los informativos de la televisión desde el Palau de la Generalitat y, recientemente, ha trascendido que los 5 profesionales que siguen diariamente a Alberto Fabra, actual presidente valenciano, cuestan más de 1.000 euros al día.
Fabra, en cualquier caso, no es responsable del caos de Canal 9, imputable a sus predecesores. Si lo es, por el contrario, de la actual manipulación informativa que muchos denuncian en el ente, que conserva sus viejos vicios pese a una tímida apertura.