Uno de los abogados encargados de liquidar Canal 9, el tercero en pocos meses, ha renunciado a ejecutar el encargo. La espantada de Carlos Pérez-Marsá deja el descubierto el marasmo jurídico y económico en que se ha convertido el cierre definitivo de la empresa, pendiente de que ésta liquide todas sus deudas, venda sus bienes y solucione sus múltiples frentes judiciales. 14 meses después del chapucero fundido a negro de las emisiones, se da por descontado que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) estará activa más allá de junio de 2015, cuando el gobierno valenciano preveía su muerte definitiva.
Las razones son múltiples. Y las repetidas dimisiones de los liquidadores, atribuidas a la complejidad y mala remuneración del trabajo -20.000 euros anuales, menos de lo que podrían cobrar en otras tareas- no están entre las principales. Canal 9 tiene varios frentes judiciales abiertos: una denuncia del PSPV-PSOE ante el Tribunal Constitucional por el cierre, un juez investigando el agujero de más de 1.000 millones creado por los gestores nombrados por el PP y una demanda del sindicato CGT contra el ERE que despidió a los 1.600 trabajadores de la cadena justo antes del cierre.
Además, RTVV no puede traspasar su sede de Burjassot a otro departamento de la Generalitat ante la negativa del ayuntamiento –que cedió el suelo con condiciones- y debe resolver, antes de ser liquidada, los contratos vigentes (con proveedores, distribuidoras de películas u otros contenidos…) y la deuda de 1.100 millones con los bancos, que algunos se niegan a traspasar a la Generalitat. Un entuerto imposible de resolver antes de que las elecciones de mayo den paso a un nuevo gobierno autonómico.
En ese contexto, se puede dar la paradoja de que Canal 9 siga jurídicamente viva con un nuevo ejecutivo valenciano partidario de resucitar sus emisiones a la mayor brevedad, tal como desea la izquierda, desde el PSPV-PSOE a EU pasando por Compromís. El panorama ha cambiado a tanto desde el cierre de emisiones, que ahora hasta el PP quiere una televisión autonómica. La Diputación de Valencia, al mando de un barón popular, Alfonso Rus, hasta va a lanzar la suya. Parece, como han denunciado los extrabajadores, que el de Canal 9 es un “cierre imposible”.