El juez que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y a su entorno familiar por el presunto “enmascaramiento” de su patrimonio ha localizado bienes a nombre de los hijos del exdirigente del Partido Popular así como numerosos préstamos sospechosos (el magistrado siempre alude a estas operaciones como “presunto préstamo”) por parte de conocidos empresarios castellonenses que, en la mayoría de los casos, han obtenido suculentas adjudicaciones públicas. La investigación se centra también en la vivienda de una hija de Fabra en una conocida urbanización de lujo madrileña.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha citado a declarar en calidad de investigados a la hija y al yerno del expolítico del PP para que expliquen la venta de una empresa que adquirió una vivienda en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El hogar de Claudia Fabra, vinculada al sector de la moda, y de su marido Fernando Castro, del sector de las telecomunicaciones y candidato del PP en una lista electoral del 2003, tiene una superficie construida de 546 metros cuadrados y fue adquirido por la empresa familiar Carmacas SL, a pesar de ser una empresa prácticamente sin ingresos por actividades mercantiles. Con tres plantas, garaje y piscina, según los datos consultados en el catastro, la vivienda está situada en una de las zonas más exclusivas de la capital, protegida con seguridad privada y con vecinos famosos del mundo de la televisión y del fútbol profesional.
El 90% de la firma era propiedad de Carlos Fabra mientras que su hijo Borja mantenía un 10% de la participación (a pesar de que el vástago declaró ante el juez que desconocía esa participación minoritaria). Tres años después, el 24 de abril del 2003 Claudia Fabra es nombrada apoderada de la empresa y ese mismo día la sociedad familiar adquiere el inmueble de Pozuelo de Alarcón por un importe de 691.173,90 euros, de los que 480.809,68 los retuvo la familia Fabra para hacer frente al préstamos hipotecario en el que se subrogó. De las cuatro cuentas bancarias de la empresa, Claudia Fabra estaba autorizada en tres.
La mercantil declara inversiones inmobiliarias por 752.123 euros, según las últimas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 depositadas en el registro Mercantil. El balance señala que las inversiones inmobiliarias están formadas únicamente por la vivienda de la urbanización La Finca, en la que residen Claudia Fabra y su marido Fernando Castro.
Hija y yerno de Carlos Fabra suscribieron un contrato de alquiler con Carmacas SL y el 20 de marzo del 2004 Claudia le compró a su padre el 90% de las participaciones, coincidiendo con la apertura de diligencias judiciales contra el exdirigente del PP, según destaca el auto del magistrado Jacobo Pin. La sospechosa adquisición disparó el valor de la empresa en un 4.723%. Si en la constitución de la sociedad, cada acción tenía un valor nominal de 30,05 euros, la compra de la participación de Carlos Fabra le salió a su hija por un precio de 1.449,61 euros cada participación.
La empresa, constituida ante el notario de Castelló Joaquín Serrano Yuste, relacionado con el PP, también pagó a la ex mujer de Fabra una nómina de 24.658 euros entre febrero del 2007 y julio del 2008 “pese a no constar actividad alguna”, apunta el auto.
La operación —con una firma que “carecía prácticamente de ingresos externos adjudicables a una actividad mercantil”, advierte el juez— les ha costado a la hija de Fabra y su marido una citación como investigados para que expliquen la relación entre la sociedad y los padres de Claudia Fabra, el contrato de alquiler, la venta de las participaciones y la deuda que la mercantil “dice mantener” con el otrora todopoderoso dirigente del PP.