Carlos Fabra ha presentado su dimisión como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón apenas tres semanas después de ser condenado a cuatro años de prisión por varios delitos contra la hacienda pública. El expresidente de la Diputación de Castellón, que cobra 90.000 euros en esa entidad semipública, había asegurado que continuaría. La dirección de la entidad le había apoyado en su decisión.
Al parece, a Fabra le ha podido la presión. El pasado viernes, en una reunión de la comisión ejecutiva de la entidad, mantenida básicamente con fondos de la administración, presentó su renuncia. Y esta le fue aceptada. Antes, la Cámara se había desmarcado de la polémica.
No consideraba que cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que ha sido condenado a cuatro años de prisión sean una “falta grave en el desempeño de sus funciones” y que sea pertinente así su destitución. Según argumentaban para mantener en el cargo de secretario general al expresidente de la Diputación de Castellón, el cargo “es permanente e inamovible”. Únicamente sería destituido “por ineptitud o falta grave cometida en el desempeño de sus funciones”.
Sigue cobrando del Puerto de Castellón
Sin embargo, de momento, ser condenado a cuatro años por fraude fiscal no es obstáculo para trabajar como representante de la administración pública al más alto nivel. Carlos Fabra sigue en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, una entidad pública dominada por el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana, en representación de la Cámara de Comercio provincial.
Por cada reunión del consejo de administración de Port Castelló, cobra 300 euros. Según su gabinete de prensa, Port Castelló ha celebrado 8 reuniones anuales de media en los últimos años. “Carlos Fabra está a propuesta de la Cámara de Comercio, por lo que será la Cámara de Comercio la que decidirá si continúa o si quiere cambiarlo y poner a otra persona”,dijo la consejera.de Fomento, Isabel Bonig, intentando desmarcarse de la polémica.