La Audiencia provincial de Castellón ha condenado a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública. El llamado Caso Naranjax finaliza así su primera fase judicial tras una década de dilaciones y cambios de magistrados en sus fases iniciales en el juzgado de Nules. Además, el tribunal impone a Fabra 693.000 euros de multa y le obliga a abonar esa misma cantidad en función del dinero defraudado a Hacienda.
Fabra es absuelto sin embargo de los delitos más graves. El tribunal no considera probada la comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con la participación de Fabra en la obtención de permisos para la comercialización de determinados productos fitosanitarios.
La Justicia valenciana también absuelve al empresario Vicente Vilar, que interpuso la denuncia contra el exdirigente regional por haberle cobrado supuestamente por sus gestiones para agilizar las licencias para los productos fitosanitarios de su empresa, Naranjax, en los ministerios dirigidos por los entonces ministros de Aznar.
La Audiencia de Castellón también absuelve a la exmujer de Vilar por los delitos de cohecho y tráfico de influencia y al exsenador del Partido Popular Miguel Prim del delito de tráfico de influencia.
El alto tribunal valenciano considera que Fabra debería ingresar en prisión cuando la sentencia sea firme. Según la legislación española, las penas por encima de dos años y un día obligan al ingreso penitenciario al margen de la existencia o no de antecedentes. Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es dan por sentado que el expresidente de la diputación de Castellón recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia condena a dos años de prisión a la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda con el “atenuante de dilaciones indebidas”. Fernández deberá indemnizar al erario público con 273.761 euros por la cantidad defraudada y pagar una multa por el mismo importe.
Sentencia
La sentencia considera hechos probados que tanto Fabra como Fernández realizaron un “elevado número de operaciones bancarias” en cuentas de las que eran titulares, como ingresos en efectivos, cheques o transferencias, “que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública”.
De igual forma, el auto considera que que los hechos declarados probados “son legal y penalmente constitutivos de seis delitos contra la Hacienda Pública, previstos y sancionados en el artículo 305 del Código Penal”. Así mismo, añade la sentencia que “el completo minucioso y detallado informe pericial judicial por su objetividad y cualificación ha primado en la Sala a la hora de determinar que el elevado número de operaciones bancarias no se corresponden ni con la renta ni con el patrimonio declarados” por Fabra y Fernández.
Reacciones
La noticia de la condena a Fabra ha cogido por sorpresa a la clase política valenciana reunida en torno a la princesa Letizia en la entrega de los premios científicos Jaume I, celebrada en Valencia.
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado su “respeto” a las decisiones judiciales, aunque ha matizado que “no está dictada la última sentencia”, ya que el expresidente provincial recurrirá previsiblemente ante el Supremo, tal y como ha confirmado el propio Fabra.
En cuanto a la permanencia de Fabra como militante de la organización de Mariano Rajoy, Cospedal ha asegurado que el Comité de Garantías hará lo que “proceda respecto a los estatutos”, que contemplan la pérdida de la condición de afiliado en el caso de que exista una “sentencia firme condenatoria recaídaen procedimiento penal por la comisión de cualquier delito doloso”.
El Jefe del Consell y presidente de los populares valencianos, Alberto Fabra, tan sólo se ha limitado a apuntar que no habrá responsabilidades políticas porque el expresidente de la Diputación de Castellón ya no tenía ningún cargo público, mientras que el síndic del PP en Les Corts, Jorge Bellver, ha asegurado, que ni el grupo parlamentario ni el partido van a solicitar “ningún indulto” para el exdirigente popular de Castellón.