El bipartito valenciano formado por el PP y Vox gobierna en un permanente equilibrio entre la derecha zaplanista y la extrema derecha de Vox. Cada una de las patas del Ejecutivo autonómico trata de marcar su terreno. Y la criminalización de los menores extranjeros no acompañados supone una batalla prioritaria para Vox. El partido de Santiago Abascal anunció el pasado martes iniciativas en todos los parlamentos autonómicos para el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados y su posterior deportación. Abascal advirtió de que la aceptación del reparto diseñado por el Gobierno central de cuotas de inmigrantes a acoger por parte de las comunidades autónomas “iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales” entre el PP y Vox. El pasado 1 de julio, el partido ultra dijo que el PP en el ámbito autonómico no aceptaría a menores extranjeros no acompañados porque haría peligrar los pactos de los que dependen los populares para gobernar. No ha sido así, al menos en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la vicepresidenta popular Susana Camarero, ha adjudicado a la Fundación Antonio Moreno un contrato valorado en 3,5 millones de euros para el servicio de atención integral a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y la apertura del albergue juvenil en Biar (Alicante) como centro de atención temporal a emergencias.
El contrato, adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y urgente, fue formalizado este miércoles. La resolución que declara la emergencia del contrato, firmada por la consellera Susana Camarero el pasado 16 de mayo, destaca que la valenciana es “una comunidad de acogida de personas menores de edad migrantes sin referente familiar” que han entrado en patera por la costa de Alicante o procedentes de otras autonomías. Un mensaje diametralmente opuesto al discurso de sus socios de Vox.
El “escenario” de tierra de acogida se ha visto agravado, según la consellera, por la llegada de “personas migrantes mayores de edad” desde Canarias, que “una vez en la península han manifestado que eran menores de edad”, indica la resolución consultada por elDiario.es.
Así, el Ejecutivo autonómico cifra en 263 las personas trasladadas al territorio valenciano “con sospecha de minoría de edad”, a pesar de que las plazas disponibles de acogida general con programa migratorio eran únicamente de 197. El departamento que dirige Camarero “no disponía de medios materiales ni personales para dar respuesta a esta situación de emergencia”.
“Ante las circunstancias excepcionales de crisis migratoria, es necesario que el sistema de protección siga aumentando las plazas de acogida general en programa migratorio de forma más estable, para continuar dando respuesta a la obligación legal de atender a las personas menores de edad que se encuentren en situación de desprotección social, mediante la asunción de su guarda y/o tutela, ejerciendo la misma mediante el acogimiento residencial, como es el caso de estas personas adolescentes migrantes sin referente familiar”, afirma la resolución de Susana Camarero.
La Conselleria de Servicio Sociales ha optado por instalar el centro de emergencia, de forma temporal, en Biar a la espera de que se autorice la recepción de los menores en el antiguo inmueble del Hospital Valencia al Mar. La decisión pretende “aliviar la actual presión y sobreocupación de algunos de los recursos residenciales que se encuentran ya en funcionamiento”.
“Peligro extremo” por el colapso de las residencias
Los “acontecimientos catastróficos” de la crisis migratoria empujan al departamento que dirige Camarero a recurrir al procedimiento de contratación de emergencia del servicio, adjudicada a la Fundación Antonio Moreno al haber aportado la oferta económica más ventajosa.
El contrato incluye las tareas educativas y los gastos de “sostén” de niños, niñas y adolescentes atendidos, así como el servicio de limpieza y de cocina y comedor del albergue juvenil de Biar. El plazo de ejecución se prolongará hasta que se habiliten o estén disponibles las plazas en el Centro de Atención a las Emergencias (CATE) ubicado en el antiguo Hospital Valenciano al Mar, previsiblemente unos nueve meses.
Y es que la situación de las residencias de recepción era de “sobreocupación”, según un informe del pasado 26 de abril de la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico. A título de ejemplo, la residencia de Alicante tenía una sobreocupación del 137,5% mientras que la de Alborache (València) ascendía al 120,24%. “Esta situación requería dar una respuesta con carácter inmediato a la vista del peligro extremo que suponía la sobreocupación de las residencias de recepción”, afirma el informe de la alto cargo.