Un importe no inferior a 163.736. Es el valor de los regalos (escopetas o cacerías, entre otras dádivas) que se llevó Serafín Castellano, conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana entre 2007 y 2014 y delegado del Gobierno hasta el 2015, del 'cártel del fuego', la trama de presunta corrupción internacional con las adjudicaciones de los medios aéreos de lucha contra incendios. Así lo indica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el auto que procesa a 32 investigados por los presuntos delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionario público y tráfico de influencias y de fraudes y exacciones ilegales.
El juez Manuel García Castellón sostiene que la trama, que extendió sus tentáculos también en Italia o Portugal, corrompió a autoridades y funcionarios para monopolizar el mercado de adjudicaciones en materia de extinción de incendios. El 'cártel del fuego' tenía capacidad para “expulsar” a las empresas de la competencia e incluso usaba una flota de aeronaves “parcialmente común”. “Se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública”, agrega el auto.
Aunque la trama se extendió por comunidades autónomas como Catalunya, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha o Castilla y León, fue a los gobiernos valencianos del PP a los que sacó más provecho, tal como destaca el juez. La firma Avialsa, perteneciente al empresario Vicente Huerta y erigida en epicentro del caso, obtuvo 151,5 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado. En el territorio valenciano “se han constatado las principales infracciones”, abunda el auto.
El 'cártel del fuego' consiguió un incrementos “notabilísimos” de los precios de los contratos públicos mediante “prórrogas arbitrarias e injustificadas”, sostiene el juez. El auto enumera contratos de la administración valenciana con incrementos de hasta un 235,92% a consecuencia de prórrogas o modificaciones indebidas sin ningún tipo de justificación.
La investigación ha constatado “actitudes clientelares sistemáticas” mediante la entrega de dinero en metálico o regalos de vehículos, cacerías, armas de fuego, relojes y joyas, además de estancias en hoteles, todo ello a cambio de incrementos en el volumen de negocio o de información reservada sobre las adjudicaciones.
Además del exconseller Serafín Castellano, también figura como procesado Javier Hidalgo Mora (hijo del exdirector general de Interior de la Generalitat Valenciana Pedro Hidalgo Caballero, ya fallecido) que recibió un automóvil Volkswagen Touareg valorado en 46.742 euros.
El 'cártel del fuego', mediante las “compensaciones económicas” a políticos y funcionarios, consiguió prórrogas o modificaciones contractuales o la aprobación indebida de facturaciones. La investigación intervino las liquidaciones mutuas o intragrupo concertadas entre los investigados y sus empresas.
La trama, como una suerte de mafia del sector, establecía “qué sociedades en concreto concurrían (y cuáles no)” a los procedimientos de contratación, en qué zonas y “con qué turnos rotatorios”. Además, también establecía las compensaciones y liquidaciones económica para compensar a las firmas que formaban parte del cártel.