Caso Aguas de Calpe: 18 años a la espera de juicio

Nicolás Agudo, que ahora cuenta con 68 años, presentó ayer ante el juzgado de instrucción número 1 la segunda queja dirigida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir que por fin tenga lugar el juicio sobre uno de los grandes escándalos históricos de la Marina Alta: el caso de Aguas de Calpe.

Por increíble que parezca han pasado 18 años desde que en 2005 se iniciaron las diligencias judiciales sobre esta presunta trama de empresas para adueñarse de una parte del dinero destinado a la renovación de la red del agua de Calp y en la que entre otros se halla involucrado el ex concejal popular de esa población Juan Roselló, así como su cuñado, Francisco Artacho, tal y como publica el portal lamarinaplaza.com. Y ese es el tiempo que Agudo lleva esperando justicia porque fue el gran perjudicado de aquel asunto, ya que el entramado de mercantiles que intervinieron le dejaron a deber a su empresa, Exca-Gata, 245.233 euros.

Un PP que ha regresado

Cuando Roselló era el concejal del Ciclo Hídrico en Calp, la empresa mixta Aguas de Calpe le adjudicó por 3,1 millones de euros las obras de renovación del agua a Obras Hidráulicas de Levante, una empresa que antes solo se había dedicado al buzoneo y que controlaba su propio cuñado, Francisco Artacho. A su vez Obras Hidráulicas subcontrató los trabajos a una segunda mercantil, Montubo, cuyo gerente era otro de los acusados, Salvador Ibarra, que a su vez le encomendó a Exca-Gata, la firma de Agudo, una gran parte de las actuaciones. Fue pues esta última empresa de Gata la que de verdad hizo las obras, pero no vio ni un euro. Le dejaron a Agudo un pufo de 245.233 euros.

A Roselló, que ya ha sido condenado por el caso de la trama de la basura en una pieza separada del caso Brugal, se le vio hace poco durante una asamblea del PP que sirvió para encumbrar a César Sánchez como el candidato del partido en las elecciones del mes de mayo. Allí también estaba el alcalde de la época, Javier Morató, condenado también por Brugal, alguno de cuyos afines irá en la lista de Sánchez.

¿Cómo es posible que todavía no se haya celebrado el juicio de Aguas de Calpe?

Ya en 2019, el propio fiscal advirtió de que los acusados habían recurrido a “maniobras dilatorias” para demorar el juicio. La primera queja de Agudo fue archivada porque entonces se le informó de que el retraso obedecía a que no se había podido notificar la apertura de juicio oral a uno de los implicados, Salvador Ibarra, quien llegó a tener una orden de busca y detención. Pero luego han pasado más cosas extrañas, que desde luego Nicolás Agudo no es capaz de entender y que también han contribuido a esta larga demora: por ejemplo, el procedimiento se envió al juzgado de Benidorm cuando correspondía remitirlo a la Audiencia de Alicante. Todo ello a pesar de que desde marzo de 2020 ya había escrito de acusación del Fiscal y por lo tanto todo estaba preparado para que se celebrara esa vista en la Audiencia. Sin embargo el caso sigue encallado en el juzgado de instrucción número 1 de Dénia. 

Qué penas se piden

El Fiscal reclama 9 años de prisión para Roselló y Artacho por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude continuado y por el de estafa. Solicita la misma pena para Jesús Lara Santamaría, administrador de Obras Hidráulicas de Levante, la firma cuyo control ejercía Artacho, así como seis años de prisión para el gerente de esta mercantil, Salvador Ibarra.

También están acusados el consejero de Aguas de Calpe de la época Francisco Zorrilla y el gerente de la empresa mixta, Alberto Mut, para los que el ministerio público pide 7 años y 3 meses de cárcel. Mientras, Victoriano Sánchez y Antonio Ramón Céspedes, quienes según el fiscal sacaron 435.801 euros de la cuenta de Obras Hidráulicas para dárselos a Artacho, se enfrentan cada uno a 6 años de cárcel.