La Sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia de Valencia acoge a partir de este lunes el juicio por el 'caso Alquería' que se prolongará en casi una treintena de sesiones hasta el mes de noviembre. El tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia debe establecer si los siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra, ya disuelta, a miembros del PSPV-PSOE y de Compromís, fueron delictivos. La operación del 'caso Alquería', comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción, se cobró la cabeza del entonces presidente de la institución provincial, que abandonó el PSPV-PSOE y, tras crear una nueva marca electoral, revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent.
En el banquillo de los acusados se sientan Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el exsecretario del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda; los exgerentes de la empresa pública, Xavier Simón, Agustina Brines y Josep Ramón Tiller; además del asesor Manuel Reguart y los siete cargos con contrato de alta dirección. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Así, solicita penas de hasta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para los acusados.
En la sala desfilarán casi medio centenar de testigos, además de 13 peritos, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional y una interventora estatal. Los acusados, a pesar de los numerosos informes jurídicos en contra, ficharon con contratos de alta dirección a personas vinculadas a las formaciones políticas que gobernaban la Diputación de Valencia tras el cambio en 2015. La empresa pública de la institución provincial se había erigido como el epicentro del 'caso Taula' y constituía un auténtico agente tóxico heredero de la anterior etapa del popular Alfonso Rus.
Los nuevos responsables de Divalterra “fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos político PSPV y Compromís, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública”, reza el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
A pesar de que los cargos con contratos de alta dirección no ejercen esas funciones y de que Divalterra no tenía una “necesidad real y efectiva” de su trabajo, el coste del personal ascendió a 1,1 millones de euros, según apunta el fiscal Pablo Ponce.
Los acusados, por su parte, defienden la legalidad de las contrataciones escudándose en los informes jurídicos que las avalaban. Agustina Brines, excogerente de la empresa pública, defendió ante el juez instructor que los puestos se cubrían por mérito, capacidad y confianza y destacó que el entonces jefe jurídico, José Luis Vera, “no puso ninguna objeción”. El letrado, uno de los principales colaboradores de Anticorrupción durante la investigación, figura como investigado en el marco del 'caso Azud'.