La banda de políticos y empresarios corruptos que saqueó la depuradora de València, probablemente el mayor caso de corrupción que ha afectado al Partido Popular valenciano, ha ingresado este lunes en varias prisiones españolas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas impuestas, requirió a los condenados su ingreso voluntario en prisión, como muy tarde, este lunes. La Sala condenó a 24 acusados a penas de entre nueve meses y 12 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.
El primero en ingresar en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent ha sido el expresidente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) Enrique Crespo. El que fuera número dos de Alfonso Rus en la Diputación de València ha sido condenado a cumplir una pena de diez años entre rejas. En la misma prisión han ingresado el informático Sebastián García Chanín, condenado a siete años, y el exedil del PP de València Juan Carlos Gimeno, condenado a cuatro años y seis meses. Otros condenados han optado por ingresar en la prisión de Murcia o en la de Teruel.
Caso aparte es el de Gimeno, cuyo incidente de nulidad contra la sentencia presentado ante el Tribunal Supremo ha sido admitido a trámite. El empresario y exedil del PP ha ingresado la tarde del lunes en la prisión de Picassent mientras permanece a la espera de la resolución definitiva del incidente de nulidad.
El facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca, ha optado por la prisión de Teruel (es oriundo de Zaragoza). Roca cumplió un año de prisión en un cárcel moldava, país en el que residía fugado de la justicia española con un pasaporte falso. El facturero, tras su experiencia con el sistema penitenciario de la República de Moldavia, considera las prisiones españolas equiparables a las residencias de ancianos, según contó a este diario durante el reciente juicio por el presunto fraude en el IVA.
Así, la banda corrupta que saqueó más de 20 millones de euros de la empresa pública controlada por el PP inicia una larga estancia entre rejas. Los saqueadores de Emarsa, además, deberán pagar una factura que asciende a 20,5 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.