Tras seis años de instrucción, el 'caso Taula' se desinfla en algunas de las piezas separadas más importantes. La causa se inició con la denuncia por parte de la entonces diputada provincia de Esquerra Unida y hoy consellera, Rosa Pérez Garijo, de una presunta macro trama de corrupción con su epicentro en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia. Los audios que grabó clandestinamente durante años Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y entonces gerente de Imelsa, aportados a la Fiscalía Anticorrupción por su ex suegro Mariano López, sirvieron para ampliar el horizonte de la investigación, disgregada en una decena de piezas separadas y que afectaba, más allá del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a varios clanes del PP valenciano, tanto en el ayuntamiento durante el mandato de la fallecida alcaldesa Rita Barberá como en empresas púbicas autonómicas como Ciegsa, encargada de la construcción de centros educativos.
Sin embargo, la pieza A relativa al presunto 'pitufeo' en el grupo municipal popular, la de más calado y que acabó con la carrera política de Rita Barberá, ha sufrido un tremendo revés con la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de sobreseer provisionalmente el procesamiento de los exediles y exasesores del equipo de Barberá al considerar que desconocían el origen ilícito de los 50.000 euros que almacenaba una cuenta bancaria del grupo municipal, sin control de la Intervención municipal ni del Tribunal de Cuentas. La secretaria del grupo, María del Carmen García Fuster, una persona de la máxima confianza de Rita Barberá, orquestó, según la confesión de cuatro asesores que se negaron a participar en la operativa, que los concejales y trabajadores del PP de Valencia ingresaran 1000 euros como donación para posteriormente devolverles dos billetes de 500 euros.
El polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia considera en cambio que “no se sabe de donde viene el dinero” y ha archivado la causa para todos los encausados menos (de momento) para la secretaria del grupo, dos directivos de fundaciones municipales, y para el entonces vicealcalde Alfonso Grau, también investigado en el marco del 'caso Azud' sobre el urbanismo en Valencia durante la etapa de Barberá.
Hasta el momento, el tribunal ha acordado el archivo provisional de la causa para 39 de los 50 investigados, incluido el PP como persona jurídica. El relato del juez instructor, según el cual los excargos del PP de Valencia ingresaron 1000 euros en una cuenta opaca del partido y posteriormente recibieron dos billetes de 500 euros, “no es suficiente para afirmar que los encausados, y por extensión el Partido Popular, eran autores de un delito de blanqueo”.
Así, “es preciso el conocimiento de que los dos billetes eran procedentes de un delito”, además de la “convicción y seguridad” de que iban a colaborar en el “lavado de un dinero obtenido en una actividad delictiva previa”. Esa exigencia, según la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, “no se ha cumplido”. El auto ha tenido un voto particular de la magistrada Clara Bayarri, experta en blanqueo de capitales y con una larga trayectoria en la Audiencia Nacional, que rechaza de plano el argumentario para el archivo y que incluso rebate la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada en la resolución que tumba el procesamiento de los exediles y exasesores populares.
A falta de la resolución del recurso de la defensa de Grau, todo parece indicar que el juicio por la pieza A del 'caso Taula' se reducirá a las campañas electorales del 2007 y del 2011, en las que el vicealcalde ejercía presuntamente de recaudador de las empresa constructoras contratistas habituales del consistorio.
Sólo en la campaña del 2007, con la ayuda de sociedades pantallas del Grupo Laterne del empresario fallecido Vicente Sáez, el partido pudo manejar 2,6 millones de euros en donaciones opacas para actos electorales, según el testimonio vital del arrepentido Jesús Gordillo, antiguo asesor de Grau que aportó documentación a la Fiscalía Anticorrupción y a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los presuntos trapicheos.
En la pieza separada E tampoco se han hallado indicios demasiado sólidos más allá de las grabaciones de Benavent (de hecho, la acusación popular, que ejercía la entidad Acción Cívica Contra la Corrupción, se ha retirado). La pieza G, relativa a la empresa pública Ciegsa, también es frágil, según fuentes cercanas al caso. Y en la pieza C sólo se ha podido atar la presunta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva, el club de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. Sin embargo, la falta de colaboración en materia de comisiones rogatorias ha impedido seguir el rastro del dinero en Brasil, donde una serie de empresas vinculadas a Rus mantienen fuertes inversiones inmobiliarias.
Además, la estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Marcos Benavent ha dado un giro de 180 grados. Benavent, tras cambiar de letrado, asegura ahora que manipuló las grabaciones y que incluso habría inducido a sus interlocutores a conversar de determinados asuntos (los audios retratan todo tipo de presuntas corruptelas y en uno de ellos, ya mítico, Rus y el 'yonqui del dinero' cuentan billetes —“dos milions de peles”—). De rebote, la nueva estrategia de Benavent beneficia también al exministro Eduardo Zaplana al haber requisado la UCO la documentación que dio inicio al 'caso Erial' en el despacho de su antiguo abogado.