El levantamiento del secreto de sumario de la 'Operación Taula' y la salida a la luz de las grabaciones de Marcos Benavent, gerente de varias empresas de la Diputación de Valencia en época del PP, continua sacudiendo la política valenciana en múltiples direcciones. Una de ellas, vinculada a la red de residencias conocida como 'modelo Cotino', investigada desde les Corts.
Según Compromís, las últimas informaciones sobre las declaraciones del autodenominado 'yonki del dinero', “confirman nuestras sospechas sobre la trama ilegal en la adjudicación de plazas de tercera edad y su vinculación con el caso Taula”, ya que aparecen en las grabaciones registradas por la Guardia Civil. Su portavoz en la citada comisión, Mónica Àlvaro, apunta en un comunicado que la investigación parlamentaria que se desarrolla desde febrero “ya apuntaba el pasado mayo a la existencia de una trama para acceder a un contrato especial con la administración, la adjudicación de la residencia de la tercera edad de Xátiva, una implicación que ahora podría ser confirmada”.
Según las sospechas de Compromís, se habrían beneficiado de un proceso “poco claro” Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Marcos Benavent “como testaferro” y la empresa también investigada Gerocleop, beneficiaria de un contrato ya caducado. Gerocleop es además la empresa que presuntamente realizó pagos al Olímpic de Xátiva, club deportivo presidido por Rus y que el juez del caso Taula considera que utilizó para blanquear 'mordidas'.
Álvaro recuerda en el mismo comunicado que, durante la comparecencia de Marcos Turró, gerente de Gerocleop, ya se pidieron las comparecencias de Rus y Benavent para esclarecer las adjudicaciones del contrato de la residencia. El centro de Xátiva fue inaugurado en 2007, mientras que el contrato para plazas de residencia en el modelo de accesibilidad social se publicaba en el 2001. “Esto hace sospechar que detrás de un entramado de empresas fantasma, que se crean y se venden en pocos meses con alta rentabilidad económica, había un interés por hacerse con un contrato que conveniava directamente con la administración pública”, explica Àlvaro.