“Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen”.
Así se expresa el fiscal adscrito al caso Taula en la investigación abierta por un juzgado de Valencia sobre la financiación de la campaña electoral del PP liderado por Rita Barberá en 2007. La acusación pública destaca la supuesta “dinámica delictiva” del grupo municipal del PP del Ayuntamiento, que se habría lucrado con dinero público y donativos opacos de los contratistas municipales para pagar el despliegue que le llevó a una de sus victorias más rotundas.
La investigación sobre la financiación de la campaña de las elecciones de 2007 apunta a que el PP habría gastado hasta tres millones de euros, 20 veces más de lo declarado. En este caso -otra ramificación del caso Taula- un exasesor del PP en Valencia ha declarado que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pagó 350.000 euros en gastos de la campaña en dinero negro, con billetes de 500 del grupo municipal del partido.
Empresas bajo sospecha
En este mismo asunto, según Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que supuestamente realizaron aportaciones económicas encubiertas a la mencionada campaña de 2007.
Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, que hasta ahora había permanecido secreto, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña, Laterne, pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones.
En dicha pieza se investigaba hasta la fecha un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015. Tras las nuevas pesquisas se investigan además supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.
Las ramificaciones del caso Taula
En el caso Taula se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. La instrucción se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad, nueve de cuyos 10 concejales están imputados por blanqueo. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.