El fiscal ha pedido tres años de prisión para el alcalde de Sueras (Castellón), José Pascual Martí, del PSOE, y otros cinco exmiembros de la corporación local por un presunto delito de prevaricación medioambiental en la primera sesión del juicio que ha empezado hoy en la Audiencia Provincial.
El fiscal les acusa de otorgar licencia de obra a un constructor vecino de la población para edificar una vivienda en un terreno no urbanizable del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
La edificación fue denunciada en 2010 por los agentes del Seprona de la Guardia Civil tras descubrir “además” que la misma excedía los límites de volumen y superficie contemplados en la licencia, recoge el escrito de acusación.
Junto al actual primer edil han declarado también como acusados por prevaricación medioambiental el exteniente de alcalde del municipio, cuatro exconcejales, la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Sueras y el arquitecto municipal.
También el constructor y propietario de la vivienda para la que se concedió la licencia, en palabras del fiscal, “de manera totalmente arbitraria y clamorosamente contraria a la legalidad vigente”, que está acusado de un delito contra la ordenación del territorio.
El ministerio público solicita para cada uno de los nueve acusados tres años de prisión.
Informe favorable
El alcalde de Sueras ha defendido que la obra contaba con el informe favorable del arquitecto municipal y que la licencia por parte del Ayuntamiento se concedió tras obtener el informe favorable de la Conselleria de Medio Ambiente, solicitado al encontrarse la edificación en suelo no urbanizable del citado parque natural.
Dicho informe era “vinculante y favorable con condiciones”, ha señalado por su parte la secretaria municipal.
Entre los requisitos para dar vía libre al proyecto figuraba el de que la vivienda en cuestión no fuera una segunda residencia y estuviera vinculada al uso agrícola.
El alcalde de Sueras ha añadido al respecto que “en ningún caso la Conselleria dijo que hubiéramos hecho algo deficiente” y que jamás recibieron sanción administrativa alguna, aunque ha reconocido, al igual que el resto de concejales, que el Consistorio carecía de medios y de personal para “vigilar si se estaban cumpliendo o no los requisitos”.
No obstante ha añadido que “en cuanto tuvimos indicios de que se estaba haciendo más obra -de la autorizada- es cuando se paraliza”.
Tanto el alcalde como la secretaria municipal han defendido también que la concesión de la licencia para esta obra en cuestión excedió el plazo habitual para autorizar un proyecto de este tipo, de entre dos y tres meses.
“Tardó casi dos años, desde abril de 2008 hasta enero de 2010; tardamos tanto porque se pidieron todos los informes previos”, ha incidido el alcalde.
El constructor obró “de buena fe”
Por su parte, el constructor ha señalado que presentó “rigurosamente toda la información que me iba pidiendo el Ayuntamiento. Lo presenté absolutamente todo” y ha apuntado que siempre obró “de buena fe”.
También ha dicho que la modificación sobre el proyecto base “fue una ampliación mínima” y que el objetivo de la vivienda era convertirla en primera residencia para él y su familia y vincularla a la explotación agrícola.
Esta versión ha sido desmentida por el cabo del equipo del Seprona de la Guardia Civil que denunció los hechos, quien en su declaración como testigo ha indicado que la obra que se estaba ejecutando, y de la que reclamaron la información pertinente al Ayuntamiento, “no coincidía con el proyecto básico” sobre el que informó favorablemente el arquitecto municipal.
“No observé ningún tipo de intencionalidad de que fuera sólo una casa para agricultores”, ha concluido.
El juicio continuará el próximo viernes, 23 de diciembre.