El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón tiene fecha de caducidad. El PSPV-PSOE y Compromís se han propuesto su disolución para incorporar el centro a la Red Pública de Sanidad y sólo es cuestión de tiempo que se produzca el hito histórico. La formación nacionalista ya abrió el camino para el cambio en el modelo de gestión a principios del pasado mes de abril, cuando logró la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL), transaccionada por Podem y el propio grupo socialista, al objeto de poner en marcha una auditoría como punto de partida para la realización de un estudio de viabilidad con vistas a instaurar una nueva figura de financiación.
Ahora ha sido el PSPV el que ha conseguido, con la oposición del Partido Popular (9 votos a favor y 5 en contra), el respaldo necesario para instar a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a que inicie los procesos tanto para “integrar el Hospital Provincial de Castellón en la red de hospitales públicos dependientes de la Conselleria” como para “disolver el Consorcio Hospitalario Provincial, de acuerdo con la normativa vigente (Estatuto)”, según recoge el texto de la PNL.
Paralelamente Compromís ha solicitado a les Corts que reclame al Gobierno central la transferencia directa de la financiación sin pasar por la Diputación de Castellón, gobernada por el PP.Con ello, se pretende unificar en una sola institución (en este caso, la Generalitat) la dirección administrativa y económica del centro hospitalario, evitando el aumento de la deuda, cifrada actualmente en 30,1 millones de euros, y poniendo fin a las irregularidades en la facturación. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la denuncia de la Conselleria, sigue analizando las más de 4.700 facturas sospechosas desde 2003, que suman alrededor de 25 millones de euros.
El Hospital Provincial funciona mediante el modelo de consorcio desde 2004. El empeño del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por implicar a la Conselleria en la gestión del centro se tradujo en la creación de la figura legal. Ambas instituciones comparen desde entonces derechos y obligaciones, con las mismas aportaciones económicas.