Con la Comisión Europea investigando una posible irregularidad en la concesión de la gestión del Aeropuerto de Castellón que llega a los 24,5 millones; con sus principal padrinos repudiados: Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, en prisión y Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, fuera de la política activa; con el anterior gobierno autonómico del PP, principal impulsor, desahuciado del poder desde mayo; y con advertencias de posibles causas penales contra los anteriores responsables por parte del nuevo Consell heredero de la gestión. En este marco llega el vuelo FR8555 de Ryanair procedente de Londres a las 10,40h, para minutos después dar media vuelta y volver al aeropuerto de Stansted a las 11,10h.
Este primer vuelo comercial regular llegará cuatro años y medio después de su inauguración, en marzo de 2011, cuando el mismo Carlos Fabra lo describía como “un aeropuerto para las personas”, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales. La elección de la fecha preelectoral tuvo su réplica el marzo pasado, cuando el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quiso lavar un poco la imagen del paradigma del derroche inservible, anunciando el inicio de los vuelos... para medio año después, terminada ya la temporada alta del turismo.
Los vuelos de Ryanair que comienzan este martes serán 3 vuelos desde Londres a la semana con ida y vuelta, y 2 desde Bristol que empezarán a operar este miércoles día 16. Con esta oferta la compañía aérea prevé llegar a los 60.000 pasajeros anuales desde el aeropuerto castellonense. La cifra tiene su importancia puesto que la Generalitat Valenciana convenió con la concesionaria del aeorpuerto SNC-Lavalin pagar una ayuda de 24,5 millones (la investigada por Bruselas) a razón de un máximo de 4,5 millones al año, pero que serían 0 euros cuando se lleguen a los 360.000 pasajeros anuales; no obstante Alberto Fabra ordenó pagar de un golpe la mitad de todo el convenio, 12 millones, en el último mes de su mandato y superando el máximo establecido.
El Aeropuerto de Castellón cuenta ahora prácticamente con el único apoyo incondicional de la Diputación de Castellón, todavía gobernada por el PP. Mientras que la Generalitat Valenciana, con el PSPV y Compromís al mando, mantiene una función mucho más crítica, sirviendo todavía como azote político al recordar que este aeropuerto se encuentra a sólo 60 km del aeropuerto de Manises de Valencia.