A menos de veinte días para la celebración del día del orgullo, conocimos durante la semana pasada el caso de Joan López, empleado de una gasolinera en la Vall d’Uixó, que fue despedido de su puesto de trabajo después de que el gerente descubriese que era transexual. Tras superar satisfactoriamente el periodo de prueba, Joan consiguió el trabajo y, unos días después de entregar los papeles para formalizar el contrato, fue despedido sin ningún tipo de explicación. En su documentación, todavía en trámite de actualización, Joan aún consta como Jessica.
Según Pastora de Florencia, coordinadora del colectivo Castellón LGTBI, el de este joven no es un caso aislado, la discriminación a las personas trans es algo generalizado. En el colectivo afirman conocer diversos ejemplos de personas que no han sido contratadas por ser trans o que llevaban muchos años trabajando en una empresa y cuando realizaron el cambio fueron despedidas. “Es la pauta general de las empresas”, afirma.
“Muchas veces lo que hay son prejuicios o ignorancia. Lo desconocido siempre da miedo y parece que una persona trans no esté cualificada para trabajar. De hecho, es más común que las empresas contraten a personas con discapacidad que el que contraten a personas transexuales, es una doble discriminación. Nosotros no pedimos respeto, el respeto se lo gana uno, lo que pedimos es dignidad”, afirma De Florencia.
Desde la asociación manifiestan que estas situaciones evidencian que, a día de hoy, todavía queda mucho camino por recorrer en materia de derechos e igualdad. La única forma de combatir la discriminación, mantienen, es con concienciación y haciendo cumplir las leyes. “A nivel del País Valencià tenemos una de las legislaciones sobre personas trans más avanzadas del mundo, el problema es que no se está aplicando”, asegura De Florencia.
50 años de Stonewall
La edición de este año del Día del Orgullo coincidirá con el cincuenta aniversario de los disturbios de Stonewall, una serie de altercados en el barrio de Greenwich Village de Nueva York que marcaron el inicio de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. En este sentido y bajo el lema “Mayores sin armarios” y “¡Historia, Lucha y Memoria!”, la edición de este año en Castelló homenajeará especialmente a las personas mayores LGTBI que “han sufrido los peores años de la discriminación o la persecución en un país que no despenalizó la homosexualidad hasta 1986”.
“En una provincia como Castellón, con muchas zonas de interior en las que es todavía más difícil ser homosexual, la gente históricamente se exiliaba porque no podía vivir aquí. Hemos conseguido abrir tres colectivos en Vinaròs, en Albocàsser y otra en la Vall d’Uixò para poder representar a todas las personas y denunciar las barbaridades que todavía hoy se hacen. Hay gente que se fue hace años y que ahora está volviendo a los pueblos y nos preocupa vigilar que no sufran discriminaciones” explica Pastora de Florencia.
La amenaza de la ultraderecha
En el colectivo preocupa la deriva derechista que ha experimentado el país durante los últimos años y la reapertura de debates que se creían superados. Especialmente preocupantes les parecen las declaraciones de Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, apoyando un manifiesto de la Plataforma por las Libertades en el que apoyan las terapias de reorientación sexual, o las de Javier Ortega Smith –secretario general de la formación ultraderechista- amenazando con trasladar el Orgullo a la Casa de Campo.
Lo que hay que tener muy claro es que lo que hizo esta semana la señora Monasterio es un delito de odio. Da la sensación de que en este país hay muy poquita memoria y ensalzamos a gente que tiene un pasado bastante turbio. No es simplemente la llegada de Vox, con esta oleada de la derecha nos arriesgamos a perder los derechos que tanto han costado conseguir, aunque dudo mucho que vayan a dejar pasar la oportunidad de sacar provecho económico del orgullo. Nos preocupan más otras propuestas de la derecha como los vientres de alquiler“, afirman desde el colectivo.
Los pactos para gobernar en la ciudad de Castellón todavía están en el aire. Ya sea con una reedición del Pacte del Grau, con un gobierno socialista en solitario o con un pacto con Ciudadanos, para De Florencia la hoja de ruta está clara: “hay que blindar los derechos, obligar a todas las administraciones a cumplir las leyes que están firmadas y que firmen la ley estatal de una vez”.