“¿Lo ratificamos? ¿Sí? ¿Vale? Queda ratificado”. Cinco segundos. Lo que tardan en leerse las cuatro frases anteriores duró la validación en el pleno, el principal órgano de la Cámara de Comercio de Castelló, del despido de la trabajadora que denunció al secretario general, A. J. R., por un presunto caso de corrupción. La votación no fue secreta, ni tan siquiera a mano alzada. Se interpretó, por parte de la presidenta, Dolores Guillamón, que el silencio petrificado de una treintena de empresarios, más mudos aún tras las mascarillas, certificaba la decisión adoptada por el comité ejecutivo, presidido por A. J. R., el pasado 30 de enero. Tampoco hubo desacuerdos ni requerimientos de más información. Más de 30 años de antigüedad en la corporación se ventilaron como un trámite más.
Una situación excepcional con un solo precedente, con vasos comunicantes. El 9 de noviembre de 2016, la Cámara también despidió a María Jesús Arenós, secretaria general a la que sustituyó en funciones el propio A. J. R., quién había llegado a la institución en julio de 2014 como asesor externo. La razón formal que se ofreció es casi idéntica a la actual: un uso incorrecto del ordenador portátil facilitado por la empresa. El fondo, sin embargo, contaba con más matices. Ese mismo mes de noviembre, Arenós había enviado un burofax a la Cámara alertando de posibles irregularidades en la contratación de empresas relacionadas con A. J. R.. Era el clímax en el enfrentamiento interno entre A. J. R. y Arenós, con un ERE de por medio que afectó al marido de la exsecretaria general. Tras su salida, ésta denunció a su sucesor a la Sindicatura de Cuentas y en los juzgados, pero todas las demandas fueron archivadas.
La historia se repite con variaciones. A. J. R., reforzado internamente, fue nombrado secretario general el 27 de noviembre de 2017 y consiguió que la conselleria, como órgano tutelar, le autorizara a compatibilizar su trabajo en la Cámara con el de sus empresas. Es así como se convirtió en el primer secretario de cámaras de España a tiempo parcial (tres horas diarias), sin exclusividad y con un sueldo de 60.000€ anuales. En mitad de esta situación de preeminencia, las empresas de A. J. R. fueron logrando los principales contratos de la Cámara. Cuando esto sucedía, el secretario, como máximo valedor de la legalidad y presidente de la mesa de contrataciones, se desligaba momentáneamente de esta mesa para que sus empresas pudieran beneficiarse. Es así como, desde 2016 las mercantiles Adade Castellón SL y A. J. R. SL, cuya administración comparten A. J. R. y su esposa, María Soledad Miravet, obtuvieron cuatro contratos valorados en 348.500€
Esta situación fue denunciada por la trabajadora recientemente despedida, quien se negó a firmar la adjudicación del último contrato, de 156.000€, al pensar que podría vulnerar la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Tras sentirse presionada, puso los hechos en conocimiento primero de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que le otorgó estatuto de protección, y, al poco, de la brigada provincial de la policía judicial. El asunto fue admitido a trámite el pasado mes de febrero en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón, donde se investiga a A. J. R. y Miravet por los presuntos delitos de prevaricación y corrupción.
Atacar a la institución
La supuesta utilización privada del ordenador de la Cámara fue una de las siete razones esgrimidas por A. J. R. en el pleno para justificar el despido. “Era la responsable de toda la materia de contratación”, explicó el secretario, quien también aludió a errores en el contenido y la forma de contrataciones, al uso de claves bancarias “incluso desde su domicilio para realizar pagos de la Cámara”, el desembolso de un programa informático durante diez años e “irregularidades” en unos concursos de fondos Feder en 2017 y 2018 que habrían supuesto pérdidas de 115.433€ a la corporación.
Estos aspectos se dirimirán el próximo 9 de septiembre durante el juicio que se celebrará en el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón, ya que la empleada ha demandado a la Cámara, a A. J. R. y a Guillamón por despido improcedente. Un litigio del que A. J. R. dio cuenta al pleno, pero no así en cuanto al grueso de la causa penal que se sigue en su contra. “El tema de la denuncia de Instrucción está paralizado”, aseguró de pasada, obviando no solo que sigue en marcha, sino que el fiscal ha solicitado la declaración de causa compleja.
No es el único dato a medias o erróneo que se manifestó durante el pleno. Con el primer punto se aprobó el acta del anterior, el 28 de noviembre de 2019, donde se asegura que Antifraude resolvía que se diese traslado a todos los miembros del pleno que la empleada gozaba del estatuto de la persona denunciante, algo que en ningún momento se comunicó, tal y como constató este diario, presente en aquella sesión. Y tampoco, como prosigue el acta, que la empleada “decidió acudir a presentar una denuncia ante la Policía Nacional” para evitar el archivo del expediente de Antifraude, “por lo que cautelarmente y hasta que se resuelva dicha denuncia se ha otorgado el estatuto de protección”. Según fuentes de AVA, esta prerrogativa se dispensa con independencia de cualquier tipo de acción policial y judicial, ya que esta agencia sigue su propio criterio a la hora de efectuar las investigaciones.
El pleno finalizó con la propuesta de uno de sus miembros, Antonio Vallet, de Invabe SL, de declarar al periodista de Eldiario.es “persona non grata”, lo que rechazó A. J. R., aunque puntualizó acto seguido: “A resultas de que si ataca o no ataca a la institución, pues como el pleno es soberano en cada pleno, que pueda ser privado o público”. Poco antes, había advertido con el estudio de “sanciones legales”. A. J. R. y Guillamón acusaron a este medio de no contrastar la información, pese a no haber atenido ni sus llamadas ni mensajes antes de pleno, ni la petición de explicaciones durante el mismo y al final. “Lo siento pero no. Me voy a tomar una cerveza”, denegó Guillamón. Y A. J. R. sentención con un “No te esperes, que yo contigo no voy a hablar” el último intento de contar con su punto de vista.
Nota
A. J. R. ha aclarado respecto a esta información:
“-Ningún comité ejecutivo de la Cámara está presidido por el Secretario General, sino que siempre son presididos por la Presidenta de la Coporación, y así el comité ejecutivo del 30 de enero de 2020 es presidido por la Presidenta Doña María Dolores Guillamón Fajardo.
-La Cámara atravesaba problemas económicos serios, de forma que en el 2014 estuvo a punto de presentar concurso de acreedores y se efectuaron varios ERE, uno de ellos de extinción, que afectó al esposo de la Arenós, quien impugnó dicha decisión, y fue desestimada su demanda mediante sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Desde entonces el rendimiento de María Jesús Arenós descendió considerablemente y dejó de escuchar al personal de la Cámara, a los técnicos, haciendo y deshaciendo a su antojo, y dificultando el poder hablar con ella, todo lo cual pone de manifiesto las irregularidades en el desempeño de su trabajo por parte de María Jesús Arenós, todo estas afirmaciones se refleja en los hechos probados de la Sentencia del Juzgado de lo Social que ratificó el despido de la Sra. Arenós.
-Ese ERE se inició el 22 de septiembre de 2015 con un periodo de consultas entre la Cámara de Comercio y la representación de los trabajadores intergrada por Don F.G.I. , Don M.M.C. y Doña D.V.R. en expediente de despido colectivo basado en causas económicas de carácter económico, técnico y organizativo de 10 trabajadores, y tras varias reuniones entre la Cámara y los representantes de los trabajadores concluyó con fecha 22 de octubre de 2015, en sesión del Comité Ejecutivo y Pleno de la Cámara de Comercio, se aprobó por unanimidad el expediente de regulación de empleo y el 30 de Octubre de 2016 se firmó con los representantes de los trabajadores acuerdo para el despido de 10 trabajadores.
-El Secretario de la Cámara es miembro nato de la mesa de contratación, en calidad de Presidente. Con el fin de asegurarse la máxima transparencia e imparcialidad de la mesa de contratación, siguiendo las instrucciones de la Conselleria y según acuerdo del Pleno, en los supuestos de constitución de la mesa para la evaluación de las propuestas presentadas por las mercantiles Adade Castellón o A. J. R. en la licitación de contratos, el Secretario no formaba parte de la mesa, siendo siempre sustituido por otro miembro de la corporación.
-Las denuncias anónimas de la empleada ante la Agencia Valenciana Antifraude se inician en abril de 2019, mucho tiempo antes de que con fecha 13.9.2029 se licitara el expediente de contratación A0919 relativo a servicios de asesoramiento financiero, laboral, fiscal, contable y jurídico, y la denuncia ante la Policía Nacional es de fecha 28 de septiembre de 2019, anterior a la fecha de terminación del plazo para la presentación de ofertas en ese expediente de contratación, por lo que, resulta inverosímil que la empleada denunciante se pudiera sentir presionada para validar la resolución de adjudicación en un momento en el que la empleada denunciante estaba de baja por depresión, máxime que no fue hasta el 27 de septiembre de 2019 que Adade Castellón SL presentó su oferta de licitación.
-El otorgamiento por la Agencia Valenciana Antifraude con fecha 18 de octubre de 2019 del estatuto de protección de persona denunciante, trae causa de la denuncia presentada ante la Policía Nacional con fecha 27 de septiembre de 2019, sin que Antifraude con anterioridad le hubiese otorgado dicho estatuto a pesar de que la denuncia ante este organismo se inicia en abril de 2019, y que con fecha 14 de agosto de 2019, Antifraude dicte informe provisional, concluyendo con la formulación de recomendaciones sin imposición de sanción alguna.
-La instrucción de la causa penal seguida contra el Secretario de la Cámara está paralizada por la situación actual de los Juzgados, no habiendo ni siquiera los denunciados prestado declaración en sede judicial.
-La primera denuncia ante Antifraude, de la empleada denunciante data del 22 de abril de 2019, habiendo sucedido posteriormente varias denuncias. Todas estas denuncias se concluyen con el informe provisional de fecha 14 de agosto de 2019, con la formulación de recomendaciones.
-Posteriormente, la empleada denunciante presenta, con fecha 27 de septiembre de 2019, denuncia ante la Policía Nacional, y con fecha 15 de octubre de 2019, solicita a Antifraude le sea otorgado el estatuto de protección de persona denunciante, donde acompañando la denuncia y su ampliación de fecha 3 de octubre de 2019.
-Con fecha 26 de noviembre de 2019 por parte del Secretario de la Cámara se remite email al Sr. Sergi Tarín, como conclusión a las conversaciones previas mantenidas entre ambos. Del contenido de dicho email y de las explicaciones y puntos de vista allí reflejados, el Sr. Tarín ha hecho sistemáticamente caso omiso, sin reflejar nunca en sus informaciones la postura de la Cámara como institución, por lo que huelga cualquier otra valoración respecto a la negativa de los miembros de la Cámara a hablar con el Sr. Tarín.“