18 altos cargos tendran que rendir cuentas ante el juez de Vinaròs desde este lunes 19 de octubre por los más de 550 seísmos provocados por la planta de gas subterráneo Castor en septiembre de 2013 y que se dejaron notar en las localidades del norte de Castellón y del sur de Tarragona.
El proceso enfrenta a diversos altos cargos del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a imputaciones de prevaricación medioambiental y delito ambiental por haber autorizado este almacén.
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.
El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una “relación directa” entre la actividad de la planta Castor y los movimientos, informe que corroboraba lo afirmado anteriormente por el Instituto Geológico y Minero.