El Consejo de Ministros evaluará y aprobará “en las próximas semanas” la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Senado.
Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental ha trabajado en un proyecto para facilitar una “rápida propuesta” que será remitida al Ejecutivo en torno a “un mes o mes y medio”.
Ribera ha garantizado que “existe un compromiso político claro” del Gobierno de “no reactivar en ningún caso Castor” y de facilitar “la mejor opción posible” para su clausura definitiva.
“Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico”, ha manifestado la ministra que opina que a día de hoy “la solución más adecuada” es el sellado “definitivo”.
Si bien, ha admitido que “formalmente” no se ha adoptado “ninguna decisión de manera oficial” sobre el futuro del almacenamiento gasístico -que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación-. La ministra ha asegurado que el Ejecutivo va a abordar “con las máximas garantías y rigor técnico” la cuestión y ha puesto en marcha “todo lo necesario” para evaluar la situación actual.
En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y “no ha habido manifestación sísmica desde entonces”, pero ha añadido que esta es una situación “temporal” que “no puede prolongarse mucho tiempo”.
“Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura”, ha insistido, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían “difícilmente justificables”.
Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es “actuar” porque “la única decisión viable” es facilitar su clausura “definitiva” ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando “lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose”.
En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación “es inminente”.
Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es “acelerar” este proceso.
Finalmente, ha incidido en que de forma “simplista” lo “fundamental” es acometer el sellado definitivo “cuanto antes” con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. “El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también”, ha concluido.
En todo caso, ha precisado que no se compromete a desmantelar porque el Gobierno no tiene aún preparada “esa última etapa que puede ser complicada”.
Un “fiasco” pagado por los de siempre
Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de “fiasco” el proyecto Castor y ha celebrado el anuncio de Ribera de que “por fin” digan que lo van a desmantelar y ha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir “a pies juntillas” los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que “no vuelva a suceder lo que en Castor” y no sean de nuevo “los mismos paganinis” -- los ciudadanos-- quienes asuman “el fiasco”.
En la misma línea, la senadora de PDCAT y la Agrupación Herreña Independiente, María Teresa Rivero Segalás, ha expresado su preocupación por la imputación del gasto a los ciudadanos de este “proyecto fallido” y ha apoyado la iniciativa de estudiar legislativamente una “profilaxis” para evitar un nuevo caso “tan lamentable”.
Desde ERC, el senador Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, en Comú Podem, En Marea Vicenta Jiménez ha comentado que le entra “cierta tranquilidad” la confirmación de que este “megaproyecto ruinoso” será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes.
“Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía”, ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.
Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir “sus responsabilidades” pese a que “muchas veces” se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP Salomé Pradas ha espetado a Ribera que “no es digna” de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es “una realidad” porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto.
“Usted que está en el origen del problema hoy nos viene a decir la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales”, ha criticado Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte del presidente, Pedro Sánchez, fue “una burla” y un “insulto” para Castellón.
También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de quien ha criticado el “tanto daño” que hizo también a Castellón con Castor y con las “ruinosas desaladoras”, pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad.
Tras la réplica, la ministra ha reconocido que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema “enormemente embrollado” y que es “complicado” encontrar una solución concreta, pero ha afirmado que el Gobierno está “estudiando” la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.