El Gobierno realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas Castor, construido frente a las costas de Castellón, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto “mantiene su interés estratégico” para España.
Así se pone de manifiesto en una respuesta que el Gobierno ha enviado a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso Lourdes Ciurò, quien preguntó por escrito cómo se repartirá entre los consumidores la factura de 1.350,73 millones de euros de indemnización que se debe pagar a Escal UGS por el cierre del almacén o si se tendrán en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.
Dos aspectos a los que el Gobierno no hace referencia en su texto, que recoge Europa Press, donde se limita a recordar cómo se sucedieron los hechos que condujeron al cierre de Castor en octubre de 2014, tras registrarse dos episodios sísmicos un año antes.
Solución equilibrada
Así, en la respuesta parlamentaria el Ministerio de Industria defiende que la decisión de extinguir la concesión de explotación, hibernar las instalaciones y encargar a Enagas Transporte S.A.U. las labores de mantenimiento y operatividad de las instalaciones fue una “solución equilibrada”.
Con ella, además, se gana tiempo para realizar los estudios necesarios que permitan la “profundidad de juicio precisa” para tomar una “decisión definitiva” sobre el futuro de Castor. “La hibernación de estas instalaciones ya construidas permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad”, insiste el Ejecutivo, que no quiere renunciar a este proyecto que “mantiene su interés estratégico”.
Por eso, y dado que los informes actuales emitidos por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero de España “no permiten aún emitir una conclusión definitiva” sobre los terremotos registrados en la zona, se realizará “una serie de estudios adicionales de cuyo conocimiento deberá obtenerse la información precisa” para decidir.
En cualquier caso, el Gobierno reitera que el almacenamiento “se desmantelará cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen”.
En cuanto a la indemnización que el Estado debe pagar a la concesionaria para compensar la inversión ya acometida -1.461,42 millones de euros menos la retribución provisional ya abonada, que asciende a 110,7 millones-, Industria asegura que “no implica en modo alguno la extinción de la responsabilidad” que tanto la empresa como sus accionistas “deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto, y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios”.