El ingeniero Jesús Gómez de las Heras, el primero de los dieciocho imputados en la causa abierta en el juzgado de Vinaròs que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor, ha manifestado hoy que desconocía por completo la existencia de riesgo sísmico en la zona. Así lo ha explicado a los medios de comunicación una vez acabada la declaración el abogado Jorge Casal, de la Asociación Nacional Arca Ibérica, personada en el proceso como acusación popular.
Gómez de las Heras ha comenzado a declarar a las 9.50 horas y ha concluido a la una del mediodía. Ha respondido a las diferentes partes a excepción de las defensas, que no han formulado preguntas. A la salida de los juzgados ha declinado hacer declaraciones. Se ha limitado a decir que ha respondido a las preguntas y ha añadido: “Lo que tenía que decir, ya lo he dicho”.
De las Heras ha sido imputado porque en 2007 coordinó el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que sirvió para que el Consejo de Ministros diera permiso para la puesta en marcha del proyecto Castor, que consistía en convertir una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolero de Amposta en un almacén subterráneo de gas. El depósito está situado a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de Vinaròs, y en la actualidad se encuentra inactivo.
De las Heras, junto a otros dos firmantes del proyecto, declaró “apta” la estructura. Sin embargo, seis años después se produjeron 550 seísmos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Tras los terremotos, el propio IGME elaboró otro informe en que se reconocía la existencia de “fallas activas” en el subsuelo de la zona, con el consiguiente peligro de “sismicidad inducida”, según recoge uno de los autos judiciales recogidos en la causa.
Quejas de la falta de evaluación de riesgos sísmicos
Por su parte, el abogado Jorge Casal ha añadido que el imputado se ha limitado a poner de manifiesto que “él solo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos para la elaboración del informe, y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona”.
El letrado ha dicho que en la concesión de las autorizaciones para la inyección de gas del proyecto Castor “es evidente que en el procedimiento administrativo se ha obviado un elemento muy importante, como es la evaluación de los riesgos sísmicos derivados de la actividad”.
Preguntado sobre si el imputado se ha referido a si el IGME “admitía que no tenía conocimientos suficientes como para valorar qué podía ocurrir si había inyección de gas en el subsuelo”, el letrado ha dicho que éste “ha insistido en que no tenía conocimiento porque no se les había facilitado ningún testimonio sobre la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección”.
El fiscal no descarta que haya nuevos imputados
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta, ha recordado que la denuncia que presentó la Fiscalía, y que elaboró él mismo, se produjo a raíz de los movimientos sísmicos que se apreciaron en la zona de Vinaròs en octubre de 2013. Ahora, ha dicho Cuesta, se trata de “reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que no se debía haber producido y se debía haber hecho una tramitación adecuada”.
El fiscal ha explicado que el proceso deberá esclarecer “la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como posteriormente la empresa”. Asimismo, Cuesta ha indicado que “podría ampliarse el número de imputados” a medida que vaya progresando la investigación.
Concentración de ciudadanos a las puertas del juzgado
Al inicio de la declaración del imputado se ha concentrado ante las puertas del juzgado una veintena de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Su portavoz, Joan Ferrando, ha vaticinado que esta fase de instrucción “tendrá como resultado una sentencia condenatoria y demostrará que se han producido delitos medioambientales” que han “perjudicado” tanto al territorio como a sus habitantes, provocando a estos “daños morales y algunos físicos”.
En la causa están imputadas dieciocho personas, la primera de las cuales ha declarado hoy y le seguirán mañana José Antonio Fernández Sánchez y el jueves, Roberto Rodríguez Fernández, ambos trabajadores del Instituto Geológico Minero.
La Fiscalía es una de las partes personadas junto a dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular, la Abogacía del Estado en representación de los funcionarios imputados y dos abogados de Escal, la empresa adjudicataria, -uno para su presidente, Recadero del Potro, y otro para el resto de trabajadores de la empresa-.