El diputado nacional del PSPV-PSOE por Castellón Artemi Rallo ha mostrado este viernes su “satisfacción” por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, y ha asegurado a Europa Press que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo “tan urgente” para la indemnización, “antepuso los intereses privados a los generales”.
Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de “arbitraria e injustificada”, pues -ha añadido- el decreto ley “hacía que se abonara de forma inmediata -en 30 días- una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años”.
“Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado”, ha señalado el diputado, quien considera que el Gobierno “ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal”.
Rallo ha resaltado el papel que jugó el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que promovió el Grupo Parlamentario Socialista, para que se reparara esta situación lamentable”.
“Fuera de toda lógica”
El PSPV-PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional (TC), con el cual -según ha apuntado- adquiere “rango de verdad judicial” lo que el Partido Socialista ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy “no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar”.
Como el PSPV-PSOE puso de manifiesto en 2014, estaba “fuera de toda lógica” que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una “despiadada” política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, “a todas luces injusta”.
El PSPV ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma “tan rauda y veloz” una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez. “Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica”, ha concluido.