La empresa del proyecto Castor que causó 519 terremotos considera que no tuvo un “impacto ambiental significativo”

El proyecto Castor provocó 519 seísmos de hasta 4,2 puntos en la escala de Richter en la costa de Castelló y Tarragona pero el consejo de administración de la empresa Escal UGS SL considera que “en la ejecución del proyecto no incurrió en ningún hecho que presuponga un impacto ambiental significativo”. Así lo indican los miembros del consejo en las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2018 y depositadas en el Registro Mercantil.  

El proyecto de almacén subterráneo de gas natural situado frente a la costa de Vinaròs (Castelló) ha acabado en los tribunales. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs procesó a los directivos de la empresa José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, así como a la empresa como persona jurídica, por un delito medioambiental, tal como informó este diario. 

Las cuentas de la empresa, aprobadas por el consejo de administración el pasado 4 de abril (cuando los dos directivos aún no estaban procesados), reconoce que hay un procedimiento en fase de instrucción e indica que el juez de Vinaròs “no ha dictado ninguna resolución dirigida a garantizar las eventuales responsabilidades dinerarias que se pudiesen derivar del citado procedimiento”.

Aunque la propia empresa figuraba como investigada “por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de los microsismos detectados”, los administradores de la mercantil, “apoyándose en la opinión de sus asesores legales”, no consideran necesario registrar provisiones por riesgos y gastos en el balance anual. 

Escal UGS SL tuvo unas pérdidas de un millón de euros en 2018 (423.211 euros el años anterior). La compañía está participada ACS y por la empresa canadiense Dundee Energy, en concurso de acreedores.

Los vecinos de la zona afectados por los seísmos piden cinco años de prisión para José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro y una indemnización de 342.500 euros. 

El juez considera que “ante los temblores que se estaban produciendo, los investigados no sólo continuaron inyectando gas en el almacén sino que incluso aumentaron la velocidad”. “No importa el resultado que la actuación de los investigados haya provocado, sino el riesgo o peligro que su actuación comportó”, apostilla el magistrado.