Catarroja dará finalmente carpetazo al Nou Mil·lenni, más de una década después de que el Consistorio de la localidad -entonces en manos de los populares- aprobase el Programa de Actuación Integrada (PAI), un “pelotazo” urbanístico que pretendía construir un centro comercial y sesenta torres -algunas de más de veinte pisos-, 13.000 nuevas viviendas, pero sin disponer de nuevos servicios ni tan siquiera agua corriente. Con la aprobación la semana pasada de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la localidad pondrá fin a un viacrucis social, medioambiental y judicial que ha marcado a los vecinos durante la última década.
El PAI Nou Mil·lenni se enmarca en el contexto de una época concreta, la del boom inmobiliario, que definió una manera de hacer política en el País Valencià -abanderada por el Partido Popular-, y un modelo especulativo de crecimiento desaforado basado en el hormigón. Las elecciones municipales del año 2003 resultaron en un cuatripartito incómodo -formado por la ya extinta Unión Valenciana, además del Bloc, PSPV y EUPV- encabezado por la unionista María Ángeles López, que nacía con la finalidad de alejar del poder a un Partido Popular que había obtenido la mayoría.
No obstante, el pacto de gobierno saltó por los aires a mitad de mandato, cuando los populares, con el exalcalde Francisco Chirivella a la cabeza, consiguieron persuadir a López para formar un nuevo gobierno. En el horizonte, la aprobación en 2007 de uno de los proyectos urbanísticos de mayor envergadura de la Comunitat Valenciana, a cargo del ya extinto Grupo Llanera y el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA). La promesa de crecimiento y trabajo para el pueblo a base de ladrillo.
Un pueblo dividido
De la noche a la mañana, los más de un millón de metros cuadrados de huerta, repartidos entre decenas de propietarios minifundistas, pasaron a valer su extensión en oro. “Las hanegadas se vendieron por una cantidad de dinero brutal. Hubo quienes, además, tuvieron chivatazos y compraron previamente terrenos muy baratos para después venderlos por grandes cantidades”, recuerda Rosa Pérez Garijo, actual Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y, por aquel entonces, concejala de Esquerra Unida en la localidad.
“El proyecto se vendió por parte del Partido Popular como una promesa de enriquecimiento y trabajo para todos. Hubo una parte importante de la población que estuvo a favor y posicionarse en aquel momento en contra del Nou Mil·lenni era visto como poco más que ponerte en contra del progreso. Como respuesta, desde EUPV pusimos en marcha la plataforma ”Salvem Catarroja“ como una herramienta transversal del pueblo. Fue un movimiento ciudadano muy interesante al cual se sumó gente desde distintos grupos y que sirvió para movilizar a la población”, relata Pérez Garijo.
Por aquel entonces se empezaron a gestar ya algunas de las señas que posteriormente definirían el activismo de distintos grupos, como el empleo de camisetas serigrafiadas como pancarta política que años después popularizaría Mónica Oltra en las Corts Valencianes. “El día que el PAI se aprobó en el pleno, diversas plataformas nos habíamos congregado frente al Ayuntamiento. A las puertas del edificio se concentró una gran cantidad de vecinos, en contra y a favor. Aquel día hubo mucho ruido”, relata la consellera.
Más de una década de viacrucis
Una demanda presentada por la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, en base a la falta de recursos hídricos, llevaría a la Justicia a paralizar cautelarmente el PAI en mayo de 2009. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), apoyándose en diferentes informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), anuló el PAI. La decisión fue recurrida por la Generalitat del PP y llevada al Tribunal Supremo, que acabaría por dar la razón al TSJCV en 2014, acabando definitivamente con el macroproyecto.
La paralización del proyecto supuso el fin de su principal promotora, Grupo Llanera. Financiada por Lehman Brothers, patrocinadora del Valencia C.F. y todo un ejemplo del savoir-faire de la época, la inmobiliaria pidió su liquidación en 2013 tras haberse declarado en concurso de acreedores con una deuda de más de 700 millones de euros.
“El Nou Mil·leni es el gran error de la política urbanística de Catarroja, seguramente la peor decisión que se ha tomado nunca”, explica Martí Raga, actual concejal de Compromís de Movilidad y Urbanismo. “El PAI no contemplaba la creación de una compensación de servicios, tampoco daba soluciones de movilidad ni, en general, cubría las principales necesidades de las personas para vivir. Respondía al modelo especulativo por el que apostó el PP y a intereses especulativos”, remarca el concejal.
La nueva modificación del PGOU supondrá comenzar a limpiar la mancha negra que arrastra la política urbanística de la localidad y la desclasificación de los terrenos permitirá la vuelta de las tierras a consideración de no urbanizable. El Consistorio solicitará además su inclusión en el Plan General de Protecció de l'Horta de la Generalitat, que protege su uso y garantiza su destino a cultivos.
La apuesta del actual Consistorio, explica Martí Raga, tiene como objetivo recuperar todo aquello que destruyó el Nou Mil·lenni y que la tierra vuelva a destinarse al cultivo. “Nuestra idea es que la gente vuelva a los barrios, eso pasa por invertir en ellos y mejorar las condiciones de vida de los vecindarios. Tenemos capacidad para crecer desde dentro sin necesidad de depredar un territorio que, además, nos da de comer”, afirma el concejal.