La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública confirmó este miércoles un brote con siete positivos por coronavirus en Uvesa, una empresa cárnica ubicada en la localidad valenciana de Rafelbunyol. Se trata de tres casos localizados a principios del mes de junio a los que hay que añadir otros cuatro contagiados asintomáticos detectados después de que la empresa haya realizado alrededor de 350 test PCR entre los compañeros de trabajo en la sala de despiece de los primeros positivos.
CCOO, sindicato mayoritario, viene denunciando desde el pasado mes de marzo, a raíz de la declaración del estado de alarma y después de ser declarada Uvesa industria esencial, la falta de las madidas de seguridad recomendadadas para luchar contra la pandemia de la COVID-19. “La empresa siempre se ha justificado en que ha cumplido estrictamente con lo que marcaba la ley en cada momento”, apunta Javier Galarda, responsable de Industria de CCOO-PV, quien insiste en que las mascarillas “brillaban por su ausencia desde el primer momento, cuando lo aconsejable hubiera sido que todos los empleados la llevaran, incluso antes de la pandemia”.
El sindicato ha venido demandando a la empresa desde la segunda quincena de marzo la corrección de las medidas protectoras para los trabajadores, “como la adquisición de mascarillas adecuadas y un protocolo que asegurase el mantenimiento de la distancia de seguridad”. Estos “incumplimientos” han provocado que se hayan producido jornadas en las que ha llegado a haber 170 bajas sobre una plantilla que no llega a los 600 empleados, entre personal propio y contratas externas y que trabaja, según denuncian, en unas condiciones “paupérrimas”: “Hasta hace apenas ocho meses, tan sólo 75 empleados eran plantilla, el resto eran falsos autónomos”, una situación que ya se ha regulado y que le ha costado a la empresa una sanción, que está recurrida, de más de 30 millones de euros, “equivalentes a las cuotas de la seguridad social de estos falsos autónomos de los últimos cinco años”.
Con estas condiciones de trabajo y en plena crisis del coronavirus, Comisiones presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo que, tras una visita realizada el pasado mes de mayo, “resolvió favorablemente a la demanda sindical y dio un plazo de cinco días a la empresa para solucionar las deficiencias detectadas o enfrentarse al cierre preventivo”. Concretamente, la resolución dicta que la empresa debía “adoptar cualquier tipo de medidas organizativas, técnicas o una combinación de todas ellas, que garanticen el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros 'denominada distancia social', entre las personas trabajadoras o medida de cualquier otra índole de semejante eficacia para prevenir el riesgo de contagio y/o de propagación de virus SARS–COV-2, en dichos puestos de trabajo”, en particular en la zona de deshuesado y de matadero.
La versión de la empresa sobre el dictamen de la Inspección de Trabajo difiere de la de Comisiones Obreras, ya que aseguran que la valoración fue positiva y que les comunicaron que estaban actuando de forma correcta. Desde UGT, el otro sindicato con representación en el comité de empresa, apuntaban que, según la información que obra en su poder, la Inspección “no detectó ninguna irregularidad y no arrojó ningún resultado”.
La empresa reconoce las reivindicaciones realizadas por CCOO e insisten en que todas las medidas implementadas “han sido consensuadas en todo momento con los sindicatos (CCOO-PV y UGT-PV)” desde el inicio de la pandemia.
Test PCR
Sobre la realización de los test PCR, Uvesa explica que se trata de una decisión adoptada tras conocerse los tres primeros positivos -empleados y miembros de una misma familia- y a instancias de la Conselleria de Sanidad. En las últimas semanas se han hecho pruebas a 350 trabajadores de la sala de despiece, donde desempeñan sus funciones los positivos, de las que otras cuatro -que se suman a los tres primeros contagios- han dado positivo, “todos ellos asintomáticos”. Este viernes se les realizará la PCR al resto de personal de la sala de despiece, alrededor de 450 pruebas en total.
Sobre los contagios, desde UGT apuntan que “con las medidas de seguridad adoptadas no hay nada que pueda hacer pensar que el contagio ha sido en la empresa”. “Desconocemos los motivos de tanto alarmismo”, sostienen, y añaden que han estado “pendientes en todo momento de las acciones que ha realizado la empresa y asegurándonos que se ajustaban a la ley”.
Las primeras estimaciones epidemiológicas realizadas tras este brote apuntan hacia un bajo índice de transmisión del virus, pero se van a realizar todas las pruebas necesarias “para descartar más casos” en este centro de trabajo. El protocolo de Sanidad marca que todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la PCR y se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos, y para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria la prueba, además de la resolución de síntomas al menos tres días antes, y con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.
Reunión Conselleria-Ayuntamiento
La conselleria Ana Barceló se ha reunido este jueves con el alcalde de Rafelbunyol, a quien ha querido transmitir tranquilidad, ya que Salud Pública “ha actuado inmediatamente para detectar y controlar posibles rebrotes de la enfermedad” y ha añadido también que en esta fase es “esencial evitar cualquier tipo de alarmismo”.