CCOO y UGT han rechazado la licitación del contrato de Sanidad de 470 millones para la limpieza en los centros sanitarios por ir contra los derechos laborales, según han denunciado.
La Conselleria de Sanidad ha publicado los nuevos pliegos de condiciones que regirán la nueva licitación de limpieza sanitaria destinada a prestar el servicio en los 23 lotes que configuran los departamentos de Salud de la Generalitat Valenciana. Las empresas del sector podrán optar como máximo a un montante total de 6 lotes y la licitación será para los próximos 2 años, con posibilidad de prórroga a 3 años más.
Però las secciones de CCOO Construcción y Servicios del PV y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT PV, que representan a más del 80% de los más de 3.000 trabajadores que prestan el servicio de limpieza en los centros sanitarios, han elevado una queja formal a la Conselleria.
Según los sindicatos “determinados aspectos de los pliegos repercutirán de manera directa en el mantenimiento y la estabilidad del empleo en este servicio tan necesario y tan esencial, sobre todo en esta crisis de la COVID-19, en la que los trabajadores del sector han estado a la altura”.
Para CCOO y UGT resulta “inconcebible” que uno de los contratos más importantes de la Generalitat Valenciana “sea ajeno a la aplicación de la ley de fomento de responsabilidad social, impulsada para promover proyectos que asumiesen criterios de sostenibilidad social y de mantenimiento del empleo en la contratación pública”.
Añaden que “aún más sorprendente es que no se hayan tomado en consideración estas propuestas, que fueron avaladas en un documento firmado por unanimidad en el seno del Consejo Tripartito por la Mesa Sectorial de Limpieza”. Destacan que esta mesa sectorial estaba formada por patronales, sindicatos y Administración, con la firma del director general de Trabajo, Gustavo Gardey, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu y el subdirector general de Relaciones Laborales, Rogelio Navarro.
Las propuestas fueron trasladadas en diciembre de 2019 a la Conselleria de Sanidad como documento consensuado conforme a los criterios de la ley de contratos del sector público y la ley de responsabilidad social de la Generalitat.
Destacan que “es incompresible que este contrato, por un lado, exija a las empresas parámetros para una mejor calidad en el servicio y, por otro lado, no se exija a las empresas adjudicatarias una plantilla mínima (al menos la relación del personal subrogado), expresada en números de personas trabajadoras y número de horas de trabajo necesarias para una correcta prestación de los servicios”. Se quejan de que tampoco indica que la plantilla no pueda ser modificada unilateralmente durante la ejecución del contrato, conforme a la ley 18/2018 de fomento de responsabilidad social de la Generalitat.
Advierten los sindicatos que la Conselleria de Sanidad “no concibe que el 90% del coste del precio de este contrato es mano de obra, y el hecho de no establecer garantías mínimas en las plantillas invita a que las empresas puedan recortar condiciones de trabajo y personal una vez se adjudiquen los contratos, por no existir ninguna limitación expresa en los pliegos de condiciones”.
Por otro lado señalan que Sanidad “tampoco ha tenido en consideración, como así lo establece el documento del Consejo Tripartito, la dotación de una partida para ampliar el precio por hora, de forma que se pueda ajustar a la realidad de la negociación colectiva futura de los tres convenios provinciales de aplicación”. Consideran así que se deja así en peores condiciones a las plantillas, en algunos casos, como en Castellón, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.