El Ayuntamiento de Castellón remunicipaliza el centro cívico Urban
El centro cívico Urban, en Castellón, deja de estar en manos privadas. El equipo de gobierno municipal formado por el PSPV-PSOE y Compromís ha rescatado para la gestión pública unas instalaciones dedicadas a la actividades cívicas, educativas, culturales y comunitarias.
El objetivo del Ayuntamiento de Castellón, al asumir la gestión del Centro Urban, es “potenciar este edificio polifuncional situado en la zona Oeste, unas instalaciones que siempre han estado en manos privadas aunque fueron construidas con dinero público”. Sólo el CEAM, la conserjería y la limpieza estarán delegados en una empresa privada, de momento hasta septiembre de 2019, ha anunciado el Ayuntamiento.
Para el concejal de Bienestar Social, José Luis López, la remunicipalización “tiene que ver con gestionar lo colectivo entre todos y todas para mejorar la eficacia y la transparencia de los servicios municipales en general, y en este caso del Centro Urban en particular, aplicando criterios de sostenibilidad, racionalizando las tareas y optimizando los recursos”.
López ha indicado que los cambios que se han introducido en el Urban “están encaminados a darle un gran empujón al centro, potenciándolo entre la ciudadanía y poniéndolo al servicio de toda la sociedad, porque es un edificio con muchas posibilidades que puede ser más que un centro para mayores y vecinos de la zona”.
En la actualidad, las instalaciones disponen de biblioteca, salón de actos, locales para asociaciones vecinales y culturales, y otras prestaciones como el consultorio de la zona, aulas de informática, CEAM, peluquería, salón de juegos y cafetería. También es sede de un programa de formación de personas adultas. “La oferta de servicios es amplia pero desde el equipo de Gobierno municipal entendemos que se puede mejorar y reorganizar para ponerla a disposición de todos los castellonenses, sean mayores, jóvenes o colectivo familiar con niños”, ha manifestado el edil.
La empresa que se encargará de los servicios que todavía están delegados en manos privadas tendrá la obligación por contrato de destinar el 0,7% de la cuantía del mismo, unos 5.000 euros aproximadamente, a financiar un proyecto de intervención sociocomunitaria dirigido a las personas mayores de la zona Oeste, así como el compromiso de dotarlo de contenido social.
