El Gobierno no vio necesario activar el protocolo antisuicidios en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, horas antes de que apareciese muerto un joven en una habitación en la que se le había aislado, porque “no se detectó ningún indicio o comportamiento extraño que hiciera prever tendencias suicidas”. Así consta en el escrito de respuesta del Ejecutivo en funciones a las preguntas que el Grupo Confederal de Unidas Podemos formuló en el Congreso de los Diputados tras conocer la muerte de un inmigrante marroquí en este centro.
En las cuestiones planteadas por los diputados Ione Belarra, Marisa Saavedra y Enrique Santiago, se preguntó al Gobierno acerca de cuáles fueron los hechos y el contexto en el cual se decidió confinar en aislamiento al ciudadano de origen marroquí Morouane Abouobaida, de 23 años. Desde Unidas Podemos se preguntó también acerca del estado mental y físico del joven, por qué falló el protocolo de prevención de suicidios, así como cuántas horas llevaba en la celda en el momento de su muerte.
Según responde el Gobierno en su escrito, el fallecido fue objeto de una agresión por parte de un grupo de internos de origen colombiano en las duchas del CIE, siendo conocedores los atacantes de que en dicho lugar no existe videovigilancia. En el texto se apunta a posibles rencillas previas a cuenta de una discusión entre los inmigrantes.
Tras la agresión, la víctima habría recibido atención médica por los servicios sanitarios del propio CIE y posteriormente en Urgencias del Hospital Doctor Peset de Valencia, donde afirman que permaneció desde las 20.17 horas del día 14 hasta las 00.54 horas del día 15 de julio. El informe médico evaluó las lesiones sufridas como “traumatismo craneal leve”.
Con respecto a los motivos de su puesta en aislamiento, el Gobierno afirma que se tomó la decisión tras observar que, al día siguiente, el fallecido se resistía a asistir a las zonas comunes por temor a encontrarse allí con sus agresores, motivo por el cual el oficial a cargo del turno de seguridad en horario de mañana decidió que comiera y permaneciera separado del resto de los internos del CIE. La decisión, según el escrito, fue tomada “para garantizar la seguridad del agredido” y con el propósito de que “el interno permaneciera en esta habitación el tiempo mínimo imprescindible”.
Si bien el centro cuenta con un protocolo de prevención de suicidios, dentro de la Instrucción 2/2014, el Gobierno admite que no se activó debido a que “no se detectó ningún indicio o comportamiento extraño que hiciera prever tendencias suicidas”. Sin embargo, asegura que si algún interno precisa de determinada asistencia médica, psicológica o psiquiátrica, los propios responsables sanitarios del centro lo derivan a servicios externos especializados de la sanidad pública.
La diputada de Unidas Podemos por Castellón, Marisa Saavedra, califica la respuesta del Gobierno de “insuficiente” y afirma que “muestra una preocupante actitud de suficiencia y escaso interés en aclarar una situación muy dramática y que ha costado una vida, planteando que quizás hay que cuestionar, repensar o cambiar procedimientos”.
La formación exige que se asuman responsabilidades por parte de la dirección del centro, ya que el fallecido se encontraba bajo custodia de la administración. “Como mínimo entendemos que no recibió el trato o la atención que necesitaba en esas difíciles circunstancias”, afirma la diputada de Unidas Podemos.