En los últimos días ha vuelto a saltar a la palestra intormativa el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Valencia, tras las denuncias de varios inmigrantes de origen argelino por haber sido objeto supuestamente de vejaciones y agresiones físicas en Zapadores tras iniciar una huelga de hambre pacícifica en protesta por su internamiento, según informaban desde el movimiento Ciesno.
A estas denuncias, que están siendo investigadas por el juez, se suman las de otros dos inmigrantes, también de origen argelino, que aseguran haber sufrido insultos racistas, vejaciones y agresiones físicas por parte de los agentes de polícia tras el intento de fuga de uno de ellos en la madrugada del 18 al 19 de octubre.
Desde diferentes colectivos reclaman el cierre del CIE, incluso existe una campaña en el ámbito estatal Ciesno, basándose en que no es la instalación adecuada y en las denuncias de lo que allí sucede (torturas, agresiones, vejaciones, insultos), “es un campo de concentración disfrazado”, explican desde la recientemente constituida Plataforma de Inmigrantes-Valencia, que acoge a más de una veintena de asociaciones de la Comunitat Valenciana.
También hay quien, defendiendo que es precisa la clausura de estas instalaciones, comprende que antes hay que encontrar una alternativa, “el CIE no es la solución, pero es cierto que no se puede cerrar Zapadores sin tener habilitado una especie de Centro de Acogida para estas personas, un lugar en el que se respeten sus derechos y se les trate como a personas”.
Zapadores
Numerosas han sido las denuncias por parte de diferentes ONGs acerca de lo que sucede en el CIE de Zapadores, un antiguo cuartel con capacidad para unos 150 internos y que tenía una media de un centenar de inmigrantes recluidos. Se ha denunciado las deficientes condiciones higiénicas y de salubridad de los internos y sobre todo la violación de sus derechos, ya que recuerdan que quienes están allí no han cometido ningún delito. Incluso en 2006, 50 internos se amotinaron en el centro.
Estas instalaciones están dirigidas a inmigrantes, mayores de edad, en situación irregular. Es decir, que se encuentran en casos de denegación de entrada, devolución o inicio de expediente por el procedimiento preferente y expulsión, para quienes el juez puede decretar su internamiento por un periodo máximo de 60 días.
La policía niega los maltratos
El Cuerpo Nacional de Policía ha negado sistemáticamente cualquier tipo de abuso de los agentes además de recordar que ninguna de las denuncias presentadas por los internos o los colectivos sociales que les apoyan ha prosperado.