El caso Emarsa destapó el saqueo de la depuradora de Pinedo por parte de los cargos directivos nombrados en su momento por el Partido Popular valenciano. Una auténtica trama que robó casi 24 millones de euros por medio de dos empresas públicas —la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat Valenciana, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi)— cuyos máximos responsables de entonces cumplen largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo.
En concreto, la sentencia mantiene casi íntegras las penas de los cabecillas de la trama: 12 años de prisión para Esteban Cuesta, el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa); 10 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación; y nueve años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).
En paralelo a las sentencias penales, los responsables del fenomenal robo también han sido condenados a devolver un total de más de 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.
Las dos administraciones públicas víctimas del saqueo de la depuradora de Pinedo, Emshi y la Epsar, han recuperado hasta la fecha más de 2,1 millones de euros. Nueve de los condenados han abonado en este sentido parte de las responsabilidades civiles reclamadas, habiéndose obtenido de ellos hasta la fecha 689.410 euros.
Además, la justicia ha embargado hasta un centenar de bienes a otros 15 condenados, los cuales se están tasando en estos momentos para comprobar hasta qué punto compensarían lo sustraído. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, entre estos bienes destacan diversas plazas de garaje, pisos, un vehículo BMW, otro Yamaha, planes de pensiones, cuentas bancarias, cuentas de valores, fincas rústicas, pólizas de seguros y hasta una vivienda en Andorra.
Solo uno de los condenados cuenta con 36 bienes embargados, entre ellos, diversas fincas rústicas en Alaquàs y en Quart de Poblet, otras urbanas, seis naves industriales en Alaquàs, un local comercial y una parcela edificable en la misma localidad, un apartamento en el Perelló, además de varias cuentas bancarias, participaciones sociales y planes de pensiones.
Según las fuentes consultadas, para llevar adelante estos embargos se iniciaron procedimientos penales por alzamiento de bienes para su recuperación, ya que los condenados los pusieron a buen recaudo a nombre de terceros (familiares) para intentar evitar afrontar las responsabilidades civiles derivadas del caso Emarsa.
Respecto de todo el patrimonio conocido de los condenados, se ha acordado iniciar la vía de apremio, por lo que van a ir ejecutándose sus bienes para cobrar las cantidades adeudadas. De hecho, ya se ha iniciado la subasta de bienes embargados, por lo que es previsible seguir recuperando importantes cantidades.
En el curso del procedimiento y de diversas piezas separadas derivadas del mismo, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, de las cantidades que se van recuperando un 45% son para la Emshi y un 55% para la Epsar, que depende de la Generalitat Valenciana.
“Los procesos judiciales son lentos, pero eso no quiere decir que no avancen. Al revés. De hecho, confiamos en que todo el dinero defraudado vuelva al lugar que le corresponde: las arcas públicas de ambas entidades perjudicadas”, manifesta Elisa Valía, concejala del Ayuntamiento de València y presidenta de la Emshi.
“Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas”, afirma.