La ciénaga alicantina

Una auténtica ciénaga llena del fango de la corrupción. En eso parece que se ha convertido el Ayuntamiento de Alicante ante la multitud de escándalos que salpican a técnicos municipales, las sospechas que existen sobre los regalos recibidos por varios ediles del PP, los procesos que afectan a los dos concejales de confianza de Castedo y el caso que sacude la línea roja de Alberto Fabra, en el que está imputada la propia alcaldesa de Alicante.

El “Caso Brugal” es el proceso que más entidad tiene porque se encuentra imputada la actual alcaldesa de Alicante del Partido Popular, Sonia Castedo. Está imputada por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada al amañar supuestamente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz a cambio de prebendas.

Pero, no solo se encuentra enfangada en este caso, sino que se encuentra implicada en dos procesos derivados de Brugal: el Rabassa y el de la remodelación del estadio del Hércules. En el primero, se investiga el supuesto pelotazo cifrado en 97 millones de euros del constructor Enrique Ortiz en el barrio alicantino que lleva el nombre de la pieza y en el que aparte de Castedo y Ortiz, también se encuentran bajo sospecha los técnicos municipales Isabel Campos y Enrique Sanus. Por otro lado, está bajo duda la remodelación del estadio Rico Pérez del Hércules C.F., ya que estas obras podrían haber sido pactadas entre Sonia Castedo y el constructor y dueño del equipo, Enrique Ortiz.

Unas investigaciones judiciales que no solo afectan a Castedo, sino también a otros concejales, como Juan Seva, edil de Hacienda y uno de los hombres de más confianza de la primera edil. El apodado como “superconcejal” está implicado en el caso Lucentum, al ser en su día consejero del club de Básquet como representante del ayuntamiento, accionista mayoritario del equipo. La imputación reside en que el club entró en concurso de acreedores y el administrador concursal responsabiliza a la cúpula del equipo, de la cual formaba parte Seva, de ocultar información vital para la presentación del concurso de acreedores.

El concejal ha evitado la inhabilitación que pedía el administrador concursal al aprobar una subvención desde su regidoría de 450.000 euros al conjunto alicantino para que se cumpla con el plan de viabilidad del club. No obstante, el “superconcejal” se enfrenta al juicio por este asunto el próximo 26 de setiembre, donde el fiscal pide que los miembros de la cúpula del club paguen de su bolsillo el agujero de 4,7 millones de euros que tiene el equipo.

Atención Urbana, bajo sospecha

Aunque la atención mediática se centre en Castedo, la concejalía de Atención Urbana es un foco permanente de presuntos casos de corrupción. Precisamente, el edil de esta regidoría y vicealcalde de la ciudad, Andrés Llorens, se encuentra imputado por la presunta adjudicación irregular de las obras de la Plaza Magallanes después de que estas se hubiesen completado. La Fiscalía pide 3 años de presión y nueve de inhabilitación para el lugarteniente de Castedo por los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Asimismo, existen otros cuatro casos de corrupción que si bien no le afectan a Llorens, sucedieron mientras él fue el responsable de la concejalía. Una sospecha sobre su persona que agitó su propio compañero en el consistorio alicantino Juan Zaragoza, quién en un enfrentamiento con el bando de Castedo, repasó los casos en que supuestamente estaría implicado el vicealcalde, Andrés Llorens.

El de más envergadura es el de las adjudicaciones del Plan E, donde se investiga una presunta trama de adjudicaciones irregulares en las obras del conocido como “Plan Zapatero”. En este caso están imputados el técnico José Lidón, ahora jubilado, y los propietarios de las empresas CCMS y Becsa, mercantil que fue rebautizada con este nombre y más tarde como Durantia, tras verse involucrada en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

Una pieza derivada de este caso, sí que compromete más al edil de Atención Urbana. Es el conocido como caso Contenedores, donde se investiga si hubiera podido haber delito en la adjudicación de la instalación de los contenedores soterrados en la ciudad. Una de las firmas beneficiadas de esta concesión estaría relacionada supuestamente con el hermano de Llorens. El PSOE denuncia que esta empresa sigue recibiendo contratas de mantenimiento de la ciudad. Además, el proceso judicial contiene otra pieza bautizada como la de las aceras 24 horas de Ortiz que no se ha investigado a fondo.

Sin embargo, hay más. La justicia también investiga el caso del Cementerio de Ortiz, donde podría haber existido un trato de favor al empresario, implicado en la financiación ilegal del PPCV, a la hora de elegir la oferta. Su oferta para conseguir la contrata de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento del cementerio fue la más cara, hecho que denunció la mercantil perdedora del concurso, Multiservicios Tritón. En este proceso está imputado el técnico Víctor López, ya jubilado, por las presuntas irregularidades en la concesión. Se da la casualidad de que los hijos del técnico trabajan para una empresa participada por Ortiz, Inusa. La sospecha sobre Andrés Llorens se cierne en que el otro técnico imputado, Diego Agulló, afirmó que el edil de Atención Urbana, le instó a crear el informe favorable a la adjudicación supuestamente irregular.

El último proceso judicial que afecta a la concejalía es el conocido como caso Isjoma. El juez en este caso indaga la supuesta adjudicación amañada del servicio de infraestructuras para actos culturales y festivos de la ciudad entre la firma Isjoma y los técnicos municipales a cambio de supuestas prebendas. El caso estalló tras la denuncia de la otra firma que aspiraba a la concesión, Alavés Montajes y Realización S.L. , quién denunció que Isjoma ganara siendo su oferta casi un millón de euros más cara que la suya. Además, la empresa aportó una grabación en la que el ex edil de Hacienda, Juan Zaragoza, insinuaba al dueño de la firma perdedora que la contrata se amañó.

Precisamente, el edil que acusó a Andrés Llorens y que hizo esa revelación en el caso Isjoma, estuvo implicado en el caso Mercaliante. Este caso implicaba al propio Zaragoza, al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, entre otros, en un presunto desfalco, cifrado en 6 millones de euros por la oposición, en las cuentas de la sociedad mixta que daba nombre al caso. La investigación fue archivada para Alperi en 2009 y para Zaragoza y otros responsables políticos implicados en 2011.

Regalos cortesía de Ortiz

Los tentáculos de Ortiz son muy largos en la ciudad de Alicante. No solo los pesos pesados como el ex alcalde Luis Díaz Alperi, la actual alcaldesa Sonia Castedo o el vicealcalde, Andrés Llorens, han recibido regalos del mayor contratista del consistorio, según los informes policiales del caso Brugal. La investigación revela que otros ediles menos importantes en el organigrama del ayuntamiento también recibieron regalos del constructor.

Marta García Romeu, portavoz del equipo de gobierno y edil de urbanismo, recibió, según el sumario del caso Brugal, un bolso de la marca Purificación García valorado en 150 euros por parte del promotor. Además, la edil popular aparece en la foto publicada por El Mundo del viaje que hicieron a Andorra varios miembros del consistorio alicantino, entre ellos Castedo, con Enrique Ortiz. Un viaje para celebrar la nochevieja pagado por el empresario como dádiva para conseguir supuestamente información sobre el PGOU de Alicante, según indican los informes policiales. Además, según la investigación, García Romeu participó en una cena en el yate de Ortiz en 2008.

Sonia Alegre, edil del PP, también recibió regalos de la trama Brugal, según la policía. La investigación indica que la concejal del partido conservador recibió un bolso Purificación García valorado en 150 euros por parte del constructor. Además, la relación con Ortiz, parece estrecha, según la información que recogen los informes policiales. Viajó junto al ex alcalde Alperi a la Isla de Creta en agosto del 2008. El viaje fue pagado supuestamente por Enrique Ortiz y el jet privado en el que hicieron el trayecto era propiedad de una de las empresas de Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Corts, Juan Cotino. La policía también revela que Sonia Alegre participó en una cena en el yate de Ortiz en 2008.

El regalo más utilizado por el promotor fue el bolso, según la policía. Los ediles populares María Ángeles Goitia y Oti García también recibieron este obsequio por parte del empresario que goza de 3 de las 4 mayor contratas de la ciudad. Una muestra más del fango y la sospecha que se ciernen sobre un consistorio que parece que se ha convertido en una ciénaga donde el lodo de la supuesta corrupción parece ni acabarse ni limpiarse.