El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha asegurado que saben que no hay “obligación legal” por parte del Gobierno en relación con la deuda histórica, aunque ha subrayado que no por ello renuncian a reclamarla. Asimismo, ha indicado que el ministerio de Hacienda “lo tiene muy claro” y reconoce que existe una “infrafinanciación” en la Comunitat Valenciana, aunque ha sugerido que “igual tenemos que sentarnos con Beteta y decirle: mire usted, aquí están los informes, céntrese en la cuestión. Si lo tenemos que hacer lo haremos”.
Se refería Císcar a las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien este jueves defendió que es “inaceptable” que las comunidades autónomas reclamen al Estado una deuda histórica y avanzó que el nuevo sistema de financiación tendrá en cuenta factores como la dispersión, la extensión o el envejecimiento de la población, y no la renta per cápita.
El vicepresidente de la Generalitat ha indicado que Hacienda “lo tiene muy claro” con los informes que se han realizado, reconocen que existe una “infrafinanciación”, aunque “igual tenemos que seguir haciendo pedagogía y tenemos que sentarnos con el señor Beteta y decirle: mire usted, céntrese en la cuestión. Aquí tiene los informes. Si lo tenemos que hacer, lo haremos”.
Deuda histórica
Sobre la deuda histórica, ha resaltado que el secretario de Estado remarcó que no existía “obligación legal” para ello, y “es verdad, pero eso no quiere decir que el gobierno valenciano renuncie a ello”, ha defendido Císcar, quien ha señalado que la Generalitat entiende que, en la situación actual de la administración del Estado y con la vigilancia y supervisión de la UE, “puede ser un momento difícil”. Sin embargo, ha hecho hincapié en que desde la Generalitat no renuncian a “mecanismos compensatorios” para paliar el “grave perjucio” generado en años pasados.
El vicepresidente del Consell ha querido “situar el debate en sus justos términos” y ha subrayado que, en su intervención, Beteta lo que dijo fue que el criterio de población “no iba a ser el único” en el nuevo sistema de financiación. “Nunca hemos discutido que no vaya a ser el único”, ha indicado, para agregar que lo que han defendido es que es un criterio “muy relevante”.
Por encima de los criterios que se adopten, “se nos tiene que financiar por cinco millones de personas y siempre hemos defendido y defenderemos que cualquier valenciano tiene los mismos derechos que un extremeño, un gallego, aragonés o cualquier ciudadano de España y para eso debe tener la misma financiación autonómica”, ha insistido, para hacer notar que los valencianos “necesitamos como mínimo estar en la media”.
Frente a quien “no lo quiera ver”
En este sentido, ha hecho hincapié en que seguirán defendiendo esta reclamación y ha advertido de que “quien no lo quiera ver, nos tendrá enfrente, sea quien sea y se llame como se llame”. Así, Císcar ha apuntado que entienden que es “razonable” que el criterio poblacional no sea el único aunque ha exigido que sea “uno de los criterios más importantes” y que se garantice “que un valenciano reciba como mínimo que cualquier ciudadano en cualquier parte de España”.
Preguntado por si no le preocupa que Beteta haya apuntado que el gasto per cápita es un concepto que había que superar, Císcar ha aseverado que el indicador del gasto per cápita no puede ser un “concepto absoluto” y que se tienen que establecer baremos que determinen gastos por servicios. “Sería un concepto relativo pero, en cualquier caso, partimos de la base de que el gasto que hacemos por servicio y habitante es muy eficiente, según muchos estudios”.
El vicepresidente ha defendido que en servicios públicos esenciales “se gasta de manera eficiente y razonable” cuando en otras autonomías “se gasta más”. En todo caso, ha vuelto a alertar de que “se pondere como se pondere, el resultado final tiene que ser que un ciudadano valenciano tiene que estar en la media como mínimo o por encima de lo que recibe un ciudadano en España”, siempre, según ha precisado, que esa media “satisfaga” las consideraciones que maneja el Consell porque, de ser a la baja, “no lo aceptaríamos”.
Desprecio a la Comunitat Valenciana
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, por su parte, tambión se ha referido a las declaraciones de Beteta, que califica como “un nuevo desprecio hacia nuestro pueblo ante la difícil situación que está padeciendo”, y ha insistido en que el presidente Fabra “está ciego y mudo y no puede permanecer callado cuando sufrimos una infrafinanciación y una acumulación de la deuda histórica insostenible.
Así, considera que Fabra “tiene que poner punto y final a esta situación y ha de ponerse al frente de una reivindicación que es absolutamente inaplazable para el País Valenciano: un nuevo modelo de financiación y una deuda histórica que se tiene que reconocer”.