La Ciudad de la Luz vulneró la libre competencia. La inversión de 274 millones de euros de la Generalitat para su construcción y puesta en marcha incurrió en una ayuda de Estado. Así lo dictaminó la Comisión Europea en respuesta a un recurso de los estudios británicos Pinewood y lo ratificaron sendas sentencias del Tribunal Europeo. El complejo cienematográfico de Alicante debe venderse porque la Administración autonómcia ha de “desinvertir” lo que destinó indebidamente al mastodóntico proyecto en la época del PP, incluyendo las ayudas a las productoras para que rodasen en sus instalaciones. Así lo ratificó la comisaria europea de la Competencia, Margethe Vestager, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien se reunió en Bruselas este último fin de semana.
Vestager asumió que la Generalitat, a través de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), pueda aumentar el precio mínimo de licitación en el pliego de condiciones para el concurso y que la subasta se realice en un único lote sobre la totalidad del complejo cinematográfico, y no en seis como se había planteado. La Comisión Europea no ve tampoco inconveniente en que el Consell reclame a los aspirantes a comprar la Ciudad de la Luz un plan de viabilidad o de negocio, de forma que pueda saber de antemano a qué uso pretende destinar el comprador los seis estudios, el estanque en el que se rodó parte de la película 'Lo imposible' y el resto de instalaciones de sus 20 hectáreas de espacio.
Sin embargo, ha quedado descartada cualquier alernativa de “dación en pago” por la que la Generalitat pudiera hacerse cargo del complejo, aunque fuera para actividades no lucrativas. Puig prometió explorar esa posibilidad, pero Bruselas ha cerrado la puerta a cualquier cosa que no sea vender el complejo.
Fuentes de la Adminsitración autonómica señalan que es importante que se pueda plantear un precio mínimo más alto, que se garantice la unidad de las instalaciones y que se sepa “para qué” las compra el eventual adjudicatario. “No puntuará porque se adjudicará al mejor postor, pero obliga al concursante a descararse”, señalan esas mismas fuentes sobre la reclamación de un plan de viabilidad a quien se presente a la subasta.
Con las elecciones autonómicas ya convocadas, el Consell que presidía Alberto Fabra lanzó la primera subasta de Ciudad de la Luz por 94 millones, que quedó desierta, y dejó al nuevo gobierno autonómico del PSPV-PSOE y Compromís la “herencia” de una segunda licitación por un precio mínimo de 20 millones que fue suspendida. La intención de la Generalitat es ahora aumentar el precio mínimo, sacar a concurso un lote único y pedir un plan sobre el destino de las isntalacioens, con la intención, en palabras del propio Ximo Puig, de “mejorar la subasta, con el menor coste posible para los ciudadanos y con el mejor aprovechamiento de las instalaciones”.
Recuperar la mayor cantidad de dinero posible y propiciar que el comprador destine el complejo al rodaje de películas, que es para lo que fue diseñado, son los objetivos del Consell a la hora de dar solución a uno de los principales desastres de la política de grandes proyectos