Ciudadanos ha perdido a 143 cargos públicos desde las elecciones locales y autonómicas de 2015. Los expulsados representan cerca del 60% del total, y las salidas voluntarias serían el 40%, según ha informado la formación naranja.
La mayor parte, 130, son concejales, a los que hay que añadir siete diputados provinciales, cinco diputados autonómicos y un consejero comarcal. Estas cifras son significativas en un partido como Ciudadanos, que en los comicios municipales de 2015 obtuvo 1.527 concejales y que en las elecciones autonómicas celebradas a lo largo de ese año sumó un total de 93 escaños.
En el caso de los diputados autonómicos, el mayor número de bajas se ha producido en las Cortes Valencianas, después de que Alexis Marí, exportavoz del grupo parlamentario, y otros tres diputados críticos con la dirección del partido --David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García-- anunciaran el viernes pasado que se dan de baja del partido y que pasarán al grupo de no adscritos de la Cámara autonómica.
Los diputados valencianos han justificado su decisión por los “bandazos” que, a su juicio, ha dado la formación naranja en los últimos años en sus posicionamientos políticos y por su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado de 2017 que consideran “nocivos” para la Comunidad Valenciana.
Su salida deja a Ciudadanos con nueve escaños en el Parlamento autonómico, en vez de trece, y hace temer a la dirección del partido que Marí, De Miguel, Rojo y García favorezcan en algunas votaciones al Gobierno de Ximo Puig, apoyado en el tripartito PSOE-Podemos-Compromís.
El mismo viernes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, les acusó de “robar” a la formación naranja los cuatro escaños y el sueldo público que conllevan al negarse a entregar unas actas que obtuvieron en las elecciones al concurrir como candidatos de Cs.
En la Comunidad Valenciana son decenas los concejales que han dejado la formación naranja, así como dos de los diputados provinciales que se han marchado de Ciudadanos. Se trata de Fernando Sepulcre en la la Diputación de Alicante y José Enrique Aguar en la de Valencia. El partido de Albert Rivera ha perdido, así, la representación en ambas instituciones, en las que sus cargos disidentes se han convertido en tránsfugas. Aguar impulsa una nueva plataforma denominada Contigo.
El pasado mes de marzo fue María del Carmen Prieto, diputada por Málaga en el Parlamento de Andalucía, la que comunicó su decisión de abandonar Ciudadanos y ser diputada no adscrita. Entonces afirmó que se marchaba por “la persecución y la marginación” a la que se había visto sometida al criticar, entre otras cosas, la “derechización” del partido y sus “bandazos”.
Previamente, Prieto, que formaba parte de una corriente crítica interna denominada TranCsparencia, había sido suspendida de militancia de manera cautelar por sus “continuadas ausencias en reuniones y comisiones parlamentarias”.
La mayoría no renuncia al cargo público
Esta situación en la que el diputado o concejal deja de estar afiliado a Ciudadanos pero conserva su cargo público se da, aproximadamente, en el 90% de los 143 casos registrados, ya que solo una minoría de los que dejan el partido optan también por entregar su acta, según han detallado fuentes de la formación naranja.
A nivel municipal, el último caso que se ha conocido es del Ayuntamiento de Huelva, donde el presidente del grupo municipal de Cs, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa anunciaron la semana pasaba que abandonaban el partido pero mantenían sus actas, quedando como ediles no adscritos. Así, Cs ha pasado de tener tres ediles en el consistorio a tener solo uno.
Entre los pocos cargos públicos que han decidido dimitir tras salir de Ciudadanos está la que fuera concejal en el Ayuntamiento de Logroño Elvira González, el pasado marzo.
En ocasiones, los motivos que alegan quienes se van del partido tienen que ver con cuestiones de organización interna, como ha ocurrido en Huelva. Sin embargo, con frecuencia atribuyen su decisión a los cambios en el ideario acordados en la Asamblea General de febrero --donde se eliminó el término “socialdemocracia”--, al apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y a la falta de democracia interna que aprecian dentro de la organización.
La Ejecutiva nacional exige a los que abandonan Ciudadanos que entreguen sus actas, recordándoles que ese fue el compromiso que asumieron cuando se incorporaron al partido. A su entender, estas personas son “tránsfugas”, aunque no se integren en otro partido, y por eso ha pedido en distintas instituciones públicas que se les aplique el Pacto Antitransfuguismo.