“Estoy desesperado porque si no pasa nada este miércoles me echan de casa y me quedaré en la calle con el amigo con el que comparto el piso. No sé lo que voy a hacer, estoy enfermo del corazón, tengo una discapacidad del 36% y esta situación me está generando mucha ansiedad”.
Este es el testimonio de Francisco Borrull, de 44 años, quien podría quedarse en la calle este mismo miércoles si finalmente, como todo apunta, se ejecuta la orden de lanzamiento del juzgado de Gandia, a pesar de que una resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) conseguida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) solicita que se suspenda hasta que haya una alternativa habitacional.
En concreto, el escrito solicita “al Estado parte tomar medidas para evitar posibles daños irreparables mientras su caso está siendo examinado por el Comité, consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda en la cual el autor actualmente habita, o alternativamente otorgándole una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades”.
Borrull vive en el número 57 de la calle Perú en un edifico que según el Ayuntamiento de la localidad está casi en ruinas y no tiene las condiciones mínimas para vivir, por ejemplo, hace un año que tiene luz. El edificio era de una cooperativa pero ahora ha pasado a manos municipales. Cuenta con entre 7 y 9 familias que los ocuparon hace años y el primero al que le ha llegado la orden de desahucio ha sido a Francisco Borrull: “No pido que me regalen nada, cobro la renta garantizada y aunque no es mucho dinero me puedo permitir un alquiler social que es lo que pido, una vivienda de alquiler que me pueda pagar porque las de renta libre son inviables por mis condiciones”.
Una alternativa digna
Al respecto, desde la PAH de Gandia han advertido de que si sigue adelante el desahucio, este miércoles a las 9.00 horas estarán en el inmueble para apoyar a Francisco e intentar pararlo hasta que se le encuentre una alternativa digna. Además, han acusado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de incumplir el acuerdo del pleno de 2015, cuando se declaró Gandia ciudad libre de desahucios.
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de la localidad, Inmaculada Rodríguez, ha asegurado que se le ha ofrecido un hostal como medida transitoria hasta que se le encuentre un alquiler que se adapte a sus necesidades y que esa oferta que hasta ahora Borrull ha rechazado sigue en pie y que por lo tanto, se cumple la petición de la ONU.
De hecho ha explicado que el afectado está citado este miércoles a las 12.00 horas para tratar de buscarle una solución: “Somos un Ayuntamiento progresista y nos implicamos en estos casos, queremos ayudar a Francisco y al resto de familias en todo el proceso hasta su plena reinserción social, pero deben dejar que les ayudemos”.
Desde la PAH han advertido de que exigirán por escrito el compromiso de que el Ayuntamiento asuma el pago del hostal y un horizonte temporal concreto para encontrar un piso de alquiler.
Actualmente, el Ayuntamiento de Gandia cuenta con un parque de 50 viviendas públicas que están habitadas y con un registro de 600 demandantes en situación de mayor vulnerabilidad, al ser familias sin recursos con hijos menores de edad.