A Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y flamante candidato a presidir el PP valenciano, se le acumulan los problemas por las presuntas irregularidades en la contabilidad del grupo popular en la institución provincial. Compromís ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra Mazón a cuenta de la “argucia jurídica” aprobada para externalizar la auditoría de la contabilidad de los grupos de la Diputación de Alicante.
“La contratación de la referida auditoría externa debe ser minuciosamente analizada por si constituye una obstaculización, sufragada con dinero público, de la acción de la Justicia”, reza la denuncia de Compromís a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El portavoz de la formación valencianista en la institución provincial, Gerard Fullana, considera que la contabilidad supuestamente opaca del grupo popular en la Diputación contiene transferencias sin justificar de fondos al partido por más de 446.000 euros, algo que ya investiga Anticorrupción en unas diligencias penales abiertas por si se hubieran producido los presuntos delitos de malversación y falsedad documental (en paralelo, el Ministerio Público también investiga el vaciado de la cuenta de los populares en la CAM tras la dimisión de José Joaquín Ripoll en la Diputación de Alicante, desvelado por este diario).
La denuncia de Compromís sostiene que la externalización de la auditoría es una “argucia jurídica manifiestamente ilegal” para “salvar un eventual fallo judicial que condenara al grupo popular a presentar, de una vez por todas, las facturas reclamadas”.
La auditoría, encargada a la consultora Faura Cases, por 13.915 euros, debe analizar la contabilidad de los grupos en la institución provincial entre 2015 y 2019 pero sin entrar en el detalle de las facturas. “En consonancia con el persistente interés del grupo popular en ocultar sus facturas, por parte del gobierno de la institución provincial se presenta una propuesta de justificación distinta, a través de un auditor externo que excluya la obligación de presentar justificantes de gasto, y casualmente la extiende al periodo 2015 a 2018, es decir, al periodo que está siendo investigado por esta Fiscalía”, recuerda la denuncia de Compromís.
Así, el acuerdo de la Diputación de Alicante, a juicio de la formación valencianista, “contradice frontalmente la legislación general de subvenciones y el Reglamento del que se dotó la propia institución provincial con el único objetivo de beneficiar al principal partido que la gobierna”. La jugada del PP, que gobierna en la Diputación con el apoyo de Ciudadanos, tendría la finalidad, “al menos en apariencia”, de que sea “jurídicamente defendible” la negativa de los populares a presentar las facturas.
Compromís considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. “Se puede fácilmente colegir que el Acuerdo Plenario es una maniobra jurídica que busca evitar que el grupo popular presente las facturas que justifiquen el destino de 447.791 euros con la clara intención de evitar el reintegro de subvenciones”, agrega la denuncia.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, lamenta que la Diputación de Alicante “hace años que debió iniciar un procedimiento de reintegro de la parte de las subvenciones percibidas por el grupo popular que nunca fueron justificadas”. “La inactividad mantenida en el tiempo en la exigencia del reintegro y la actual maniobra para hacer inexigible la justificación mediante facturas son una consciente, voluntaria, concertada e ilícita desviación de fondos públicos”, afirma en la denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción.
La formación pide al Ministerio Público que interrogue al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y a la diputada de Administración General y Hacienda, María Gómez, e insiste en la necesidad de que se requiera al PP de la provincia de Alicante el “conjunto de documentación que acredite que los fondos transferidos del grupo al partido fueron destinados a actividades conjuntas y gastos indivisibles entre el grupo institucional y el partido”.